(La foto del menor se publica con autorización de la familia)

Luego de varios meses de lucha, la veeduría de Salud de Zipaquirá logró que la corte constitucional fallara a favor del   joven Carlos Andrés Uribe Moncada de 17 años de edad, quien fue diagnosticado desde su nacimiento con parálisis cerebral espástica.

El joven Uribe Mocada, afiliado a la EPS Famisanar en calidad de beneficiario de su madre, de 52 años de edad, quien reside en el municipio de Lenguazaque Cundinamarca.

De acuerdo con el certificado expedido en noviembre de 2013 por la EPS, el paciente presentaba una discapacidad del 97.7 %. Carlos Andrés recibía desde entonces atención médica en el municipio de Ubaté, pero luego, para practicarle algunos exámenes que requería debía trasladarse a Bogotá, viéndose la madre del menor en la necesidad de solicitar el medio de transporte adecuado para su traslado. Solicitud que fue negada por la EPS.  

En 2017 Héctor Hugo García Ríos, presidente de la veeduría de Salud de Zipaquirá  promovió una acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales de la salud y vida del menor  en condiciones dignas, vulneradas por la EPS Famisanar, debido a que la entidad prestadora de servicios de salud, se negó a autorizar el auxilio de enfermería y transporte, así como el suministro de pañitos húmedos y una silla de ruedas en óptimas condiciones para el desplazamiento del menor.

Por su parte, el Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá con función de control de garantías, mediante auto del 1º de agosto de 2017 avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a la parte demandada para que se pronunciara respecto de los hechos expuestos en el escrito de tutela presentado por Hugo García Ríos.

La EPS Famisanar pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, ya que según esta entidad  no había vulnerado, trasgredido o puesto en peligro los derechos fundamentales del usuario.

Finalmente La Corte Constitucional Ordena revocar la sentencia del nueve (9) de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Primero Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) con Funciones de Control de Garantías, dentro del expediente T-6.472.202, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Hugo García Ríos en calidad de agente oficioso del menor Carlos Andrés Uribe Moncada contra la EPS FAMISANAR. En su lugar CONCEDER el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.

ORDENAR a la EPS FAMISANAR que en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, se sirva : (i) reemplazar la silla de ruedas que el menor requiere para su movilidad, garantizando la idoneidad de la misma, (ii) previa prescripción médica, evaluar en la Junta Médica de la que habla el artículo 11 de la Resolución 3951 de 2016 la necesidad y pertinentica en autorizar el servicio de enfermería para el menor agenciado, tomando en consideración las limitaciones físicas del mismo y la edad que tiene su madre, como única persona al cuidado del menor . De encontrarse la necesidad en el servicio,  proceda a otorgar el mismo para efectos de que empiece a ser prestado de manera inmediata y (iii) autorizar el servicio de transporte que el menor requiere para trasladarse a sus citas médicas y sesiones de terapia en el municipio de Ubaté (Cundinamarca). Del mismo modo, de llegarse a ordenar algún tipo de atención médica que, por su especialidad, no pueda llevarse a cabo en el municipio de Ubaté, sino en un distinto al lugar de residencia del agenciado, se le ordena a la EPS asumir la prestación del servicio de transporte que para tales efectos se requiera.

“Seguiremos desde la Veeduría de Salud en la lucha por defender los derechos de los Usuarios de la salud” agregó Hugo García

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