Esta iniciativa, propuesta por la bancada de los Comunes, tiene como objetivo dar reconocimiento a esta actividad como un empleo válido, lo que implica una serie de derechos laborales, seguridad social entre otros.
La propuesta que está siendo radicada hoy en el Congreso, entiende el trabajo sexual como actividad laboral y propone que se les dé estatus de “trabajadoras” a quienes ejercen la prostitución, que tengan contrato laboral, seguridad social y demás derechos laborales.
Un nuevo proyecto de ley está siendo radicado en el Congreso de la República con el objetivo de regular el trabajo sexual como una actividad laboral en Colombia, lo que implica hablar de contratos y derechos laborales, seguridad social y reglas para quienes ejercen la prostitución y sus “clientes”. La discusión será álgida, pues históricamente el Legislativo nunca ha querido abordar el tema, que tiene además dos posturas opuestas: una que aboga por su regulación y otra que pide su abolición, y en ambas se encuentran argumentos relacionados con los derechos humanos.
El evento de radicación inició con una discusión en la entrada con varias mujeres pertenecientes a Astrasex, el sindicato de trabajo sexual en Colombia, pues el personal de seguridad les impedía el ingreso a las instalaciones del Congreso por un cartel que decía “Estamos putas”. Las activistas expresaron su molestia y la situación tuvo que ser mediada por la congresista Sandra Ramírez, una de las autoras del proyecto.
La iniciativa legislativa, impulsada por la bancada de los Comunes, define el trabajo sexual como “cualquier actividad sexual remunerada que se realiza entre dos o más personas mayores de 18 años, de forma voluntaria, libre y sin coerción y en plena facultad de sus capacidades”. En ese sentido, considera que en este concepto no están comprendidos los delitos de explotación sexual, como la inducción a la prostitución, el turismo sexual, la pornografía con menores y la trata de personas.
Los “clientes” del trabajo sexual también son entendidos como personas mayores de edad que pagan por los servicios sexuales. Y en ese vínculo, afirman, es clave el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad, que no es absoluta y podrá ser retirada en cualquier momento.
