LA JUSTICIA EN COLOMBIA PRESENTA UN FUERTE RETROCESO SEGÚN EVALUACIÓN ADELANTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL AL PLAN DECENAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2017 – 2027

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Aunque se han asignado más de $61,8 billones en los últimos 6 años al Poder Judicial, sus principales cuellos de botella persisten y tienden a empeorar.

La impunidad persiste: más del 80 % de las noticias criminales se archivan o quedan inactivas

En materia de congestión, de cada 100 casos que ingresan al sistema judicial, 57 quedan pendientes de trámite para la siguiente vigencia.

Bogotá, 14 de marzo de 2024.- El Plan Decenal del Sistema de Justicia fracasó debido a las serias debilidades estructurales en su diseño, ejecución y seguimiento, que impiden la atención y superación de la problemática que caracteriza el Sistema Judicial, según evaluación adelantada por la Contraloría General de la República.

Para la CGR se evidencia que el propósito articulador y armonizador entre las entidades del Gobierno Nacional y el Poder Judicial, con una visión de política pública de Estado, que motivó la formulación del Plan Decenal, no se ha logrado, impidiendo la atención y superación de la problemática que caracteriza el Sistema Judicial.

El Plan Decenal de Justicia se creó en el 2017 con el objetivo de “armonizar y articular las políticas públicas del sistema de justicia y al mismo tiempo, fungir como hoja de ruta para un horizonte de 10 años”.

Sin embargo, luego de 6 años de iniciada su implementación, las instituciones responsables de su ejecución continúan trabajando en forma desarticulada; no hay liderazgo institucional del Comité Directivo del Plan y las acciones formuladas no generan los resultados esperados.

Dadas las graves fallas en el diseño del Plan Decenal de Justicia 2017-2027, en un primer ajuste, las instituciones eliminaron 200 de las 735 acciones inicialmente formuladas. Adicionalmente tienen previsto suprimir 145 más, lo que implicaría que cerca del 50% de lo planeado desaparecerá. Para la CGR una decisión en tal sentido pone en riesgo el propósito primordial del mencionado Plan.

De acuerdo con el informe quinquenal presentado por el Comité Directivo del Plan Decenal al Congreso de la República, el principal cuello de botella manifestado se evidencia en la falta de recursos presupuestales para el cumplimiento de las acciones allí establecidas.

En materia de inversión las entidades que implementan la política de justicia formal han tenido un rezago presupuestal promedio en el período analizado de 49 %, situación que denota un problema sistémico en la planeación presupuestal de todas las unidades ejecutoras

La evaluación adelantada por la Contraloría General demuestra que el fenómeno de la impunidad persiste. De acuerdo con las estadísticas de los últimos años en materia de investigación penal se evidencia que más del 80 % de las noticias criminales se archivan, especialmente, porque no se puede establecer responsable de la comisión del delito.

En materia de congestión judicial la evaluación de la CGR destaca que, exceptuando la Jurisdicción Constitucional, en todas las demás especialidades (penal, civil, promiscua, familia, laboral, administrativa y disciplinaria) el Índice de Congestión Efectivo aumentó en 4 puntos porcentuales con respecto al 2017. Hoy de cada 100 casos que ingresan al sistema judicial, 57 quedan pendientes de trámite para la siguiente vigencia.

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Así mismo, la productividad por juez disminuyó a pesar de que se incrementó el número de togados y disminuyó la demanda.  La Rama Judicial fue menos eficaz en 2022 que en 2017, sin desconocer la coyuntura por la que pasaron todas las entidades públicas por efecto de la pandemia del Covid-19.

Luego de casi seis años de ejecución del Plan, a pesar de los esfuerzos fiscales ($61,8 billones en el período de estudio) y administrativos realizados por las entidades estudiadas, para fortalecer las estrategias, así como los mecanismos virtuales implementados, para mejorar el acceso y gestión judicial, aún no se demuestra que hayan mejorado de forma significativa los indicadores de gestión analizados ni agilizado la resolución de fondo de los conflictos llevados al Sistema.

En conclusión, en la Administración de Justicia se sigue presentando un problema estructural que requiere resolución pronta y eficaz.

Cambios estructurales

Teniendo en cuenta las fallas identificadas y la valiosa oportunidad de llevar a cabo ajustes al mismo, que otorga la Ley del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, a juicio de la Contraloría General de la República se deben incorporar cambios estructurales al Plan: claridad en metas, recursos económicos, indicadores para el seguimiento de avances y medición de impactos, bajo la colaboración armónica por parte de las Entidades públicas.

Para La CGR, el mayor desafío del Plan consiste en lograr en cuatro años avances significativos en la disminución del índice de congestión, la optimización de la productividad efectiva por juez, el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia en términos de cobertura, oportunidad, eficiencia y eficacia, principalmente en lo que tiene que ver con las barreras físicas y tecnológicas existentes.

La Contraloría considera que el Plan Decenal del Sistema de Justicia debe ser un instrumento con la capacidad suficiente para articular los Planes Nacionales de Desarrollo de la Rama Ejecutiva, los Planes Sectoriales de Desarrollo de la Rama Judicial, el Plan Institucional de la Fiscalía General de la Nación, el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial y los planes institucionales de las diferentes entidades públicas con responsabilidades.

A juicio de esta entidad debe haber mayor liderazgo de parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Departamento Nacional de Planeación, del Poder Judicial y el Sistema de Justicia, con más firmeza y exigencia en el cumplimiento de las acciones por parte de los involucrados.

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