En un fallo de 85 páginas el tribunal confirma los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público contra Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga Trujillo, Érika Lorena Flórez Durán y Greissy Alexandra Perilla Vargas, integrantes de la primera línea y que para algunos sectores, afines al gobierno, se convirtieron en el ejemplo de una privación injusta de la libertad de supuestos líderes que al final terminaron vinculados a las disidencias de las Farc.
La decisión con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco, consideró que los señalados fueron partícipes de los hechos ocurridos entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en Bogotá.
En la diligencia, el magistrado dio crédito a las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que se encontraban, interceptaciones telefónicas y en las que se logró establecer que los jóvenes sostuvieron reuniones con exmiembros de la guerrilla de las Farc.
Moreno, «alias Martin o Negro desarrollaba la guerra de 4ª generación, “lucha de masas” en cumplimiento del plan de la segunda Marquetalia, organizado y creado por las disidencias de las Farc, grupo de personas que pertenecieron a las extintas Farc, y que decidieron dejar a un lado los acuerdos de paz, para retomar las armas, esos grupos al margen de la ley, diseñaron un plan estratégico de movimientos de masas en zonas urbanas llamándolas uniones solidarias”, se lee en el fallo.
Por su parte, Gustavo Petro, en su discurso como presidente electo, aseguró que trabajaría en la liberación de los integrantes de la primera línea, sin tener en cuenta o siquiera entender el sistema penal colombiano, pues quienes estaban privados de la libertad estaban a órdenes de los jueces, de la Rama Judicial, no de la Fiscalía.
El pasado 14 de mayo, el ministro de justicia Néstor Osuna volvió a pedir a la Fiscalía revisar las imputaciones vigentes de algunos integrantes de la primera línea.
Lo que busca el ministro, es que los integrantes de este grupo denominado la primera línea, puedan hacer su defensa legal en libertad condicional.
El ministro Osuna, ya había solicitado que los jóvenes procesados de la primera línea que participaron en las movilizaciones de 2021 no se les imputen delitos como concierto para delinquir y terrorismo, sino que sean únicamente acusados por daño en bien ajeno o específicamente las acciones que cometieron.
