La iniciativa hace parte del proyecto Incentivos a la Conservación, alianza público-privada liderada por la Gobernación de Cundinamarca
Más de 3.700 hectáreas estratégicas para el abastecimiento hídrico fueron protegidas con participación activa de las comunidades rurales.
Comunidades rurales de los municipios de Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera y Fómeque firmaron doce acuerdos voluntarios y colectivos enfocados en la conservación del agua en las áreas de influencia del Páramo de Chingaza y el Embalse de Tominé, en el marco del proyecto Incentivos a la Conservación.
La iniciativa fue desarrollada por una alianza público-privada conformada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el fondo de agua Alianza BioCuenca, con el apoyo de socios y aliados estratégicos como la Fundación Santo Domingo y la Corporación Agua Somos.
El proyecto Incentivos a la Conservación inició hace tres años y, a través de un trabajo técnico, ambiental y social articulado con los actores del territorio, logró inversiones superiores a los $5.700 millones, que permitieron la gestión y protección de más de 3.700 hectáreas estratégicas para el abastecimiento hídrico del departamento.
Durante su ejecución se canalizaron recursos público-privados destinados a la protección de nacimientos de agua y bosques, la restauración ecológica mediante la siembra de especies nativas, la instalación de bebederos, tanques de almacenamiento y sistemas sépticos, así como el fortalecimiento productivo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, teniendo como eje central el cuidado del recurso hídrico.
“Desde la Gobernación de Cundinamarca celebramos estos acuerdos y alianzas logradas con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alianza BioCuenca, que benefician directamente a las comunidades. Este proceso permite estructurar esquemas de Pago por Servicios Ambientales en cinco municipios, conservar nuestros ecosistemas, garantizar el recurso hídrico y proteger la biodiversidad”, aseguró Diego Leandro Cárdenas Chala, secretario de Bienestar Verde.
Los acuerdos voluntarios y colectivos se estructuraron a partir de la metodología del programa MiPáramo, una plataforma de acción colectiva que articula actores públicos, privados, comunitarios y académicos alrededor de la protección del agua como eje de desarrollo, bienestar y sostenibilidad territorial. A través de esta metodología se implementaron los acuerdos bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).
Los PSA son mecanismos económicos que promueven la conservación y recuperación de los recursos naturales mediante compensaciones técnicas, financieras y en especie a personas y comunidades que realizan acciones de protección ambiental.
Gracias a estos acuerdos, 106 familias propietarias de 116 predios, equivalentes a 3.706 hectáreas, fueron vinculadas a esquemas de conservación. La inversión destinada a incentivos entregados a las comunidades asciende a cerca de $1.700 millones.
“El proyecto de reforestación, cercas vivas y tanques de agua fue muy favorable, ya que benefició a muchas familias de nuestra vereda y de sectores vecinos. Como comunidad también nos vimos fortalecidos con obras que beneficiaron a la escuela y al acueducto, mejorando el saneamiento y el manejo del agua para cerca de 250 familias”, señaló Andrés García, representante de la comunidad y del acueducto Buenos Aires Bajo, en el municipio de La Calera.
Este proceso reafirma que la acción colectiva y la corresponsabilidad entre instituciones y comunidades son fundamentales para avanzar en la conservación del agua, el bienestar rural y la construcción de una visión compartida de desarrollo sostenible en Cundinamarca.
Fuente: Gobernación de Cundinamarca
