El presidente electo Abelardo de la Espriella marcó su línea frente al crimen organizado este jueves: dio un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para “entrar en razón y organizar su sometimiento”, y descartó de plano cualquier negociación con “ofertas generosas”
De la Espriella aseguró que el reloj corre desde ahora: las estructuras criminales tienen 30 días para iniciar su proceso de sometimiento ante la justicia. Pasado ese plazo, advirtió, su Gobierno aplicará “toda la capacidad operativa del Estado”.
“En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones para las organizaciones criminales. La única puerta que van a encontrar es la de la justicia”, afirmó el presidente electo.
Aunque no mencionó grupos por nombre, el anuncio apunta directamente a:
– Disidencias de FARC: Bloques que operan en Caquetá, Guaviare, Nariño y frontera con Venezuela.
– ELN: con presencia activa en Chocó, Arauca, Catatumbo y sur de Bolívar.
– Bandas de narcotráfico: Clan del Golfo, disidencias del Clan del Golfo y estructuras locales de microtráfico en ciudades capitales.
– Grupos criminales urbanos: Bandas de extorsión y sicariato en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.
El pronunciamiento marca un giro frente al Gobierno saliente, que mantiene mesas de diálogo y “paz total” con varias estructuras. De la Espriella durante campaña defendió la tesis de “sometimiento sin beneficios políticos” y fortalecimiento de inteligencia militar y judicial.
Expertos en seguridad anticipan que esto implica: mayor presión militar en zonas de injerencia, revisión de ceses al fuego vigentes, y priorización de capturas sobre diálogos.
La declaración ya genera eco:
Fuentes militares consultadas celebran el respaldo a operaciones ofensivas, pero advierten el reto de sostener presión por 30 días sin desgaste.
Por su parte, las Organizaciones de DDHH piden garantías de que el “sometimiento” incluya verdad, reparación y no repetición, más allá del componente judicial.
– Gobierno saliente: No ha respondido oficial, pero reiteró que cualquier cambio de política debe coordinarse en el empalme.
El reto para De la Espriella será traducir el ultimátum en hechos antes del 7 de agosto. Los 30 días que da a los grupos armados caen justo en el inicio de su mandato. Analistas prevén 3 escenarios: sometimientos masivos para evitar judicialización, escalada de violencia como presión, o silencio de los grupos mientras evalúan.
Colombia registra más de 120 estructuras criminales activas según Fundación Paz & Reconciliación.
