La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó suspender de manera provisional los diálogos de paz que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con la Segunda Marquetalia, hoy denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
La decisión acoge una medida cautelar solicitada por la Fundación para el Estado de Derecho y deja sin efectos jurídicos la Resolución N° 064 del 28 de febrero de 2024, que autorizó la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con esa estructura armada.
¿Por qué se suspende la resolución?
En el fallo, firmado por el consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro, el alto tribunal consideró que la resolución “desconoce el literal c) (ii) del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022”, norma que reglamenta la Política de Paz de Estado, conocida como Paz Total.
Para el Consejo de Estado, la Segunda Marquetalia debe ser tratada como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, y no como un grupo armado organizado al margen de la ley.
La Ley 2272 establece que con los grupos armados organizados al margen de la ley se pueden adelantar diálogos de carácter político para buscar acuerdos de paz. En cambio, con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto solo procede un proceso de sometimiento a la justicia y desmantelamiento definitivo.
El demandante sostuvo que la organización cumple con las características de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto: tiene mando jerárquico, se dedica de forma permanente a delitos del Código Penal y la Convención de Palermo, ejerce sometimiento violento de la población civil, y está inmersa en economías ilícitas. Además, está conformada en parte por excombatientes desmovilizados, condición que la ley también incluye dentro de este tipo de estructuras.
¿Qué implica la medida?
Con la suspensión provisional, la resolución que dio vía libre a la mesa de diálogos queda frenada.
“Mientras permanezca vigente esta medida cautelar, la resolución que autorizó la instalación de la mesa de diálogos queda suspendida, lo que significa que el fundamento jurídico sobre el cual se inició ese proceso no podrá producir efectos hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión definitiva”, explicó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.
La Fundación respaldó el fallo y aseguró que el Gobierno debía optar por acercamientos para el sometimiento, y no por una negociación política de paz.
El Consejo de Estado aún debe tomar una decisión de fondo sobre la legalidad de la Resolución 064 de 2024.
