Fuentes en La Haya aseguran que el país denunciaría el Estatuto de Roma. De concretarse, el retiro tardaría un año en hacerse efectivo y no borraría investigaciones sobre hechos ocurridos antes
El Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría evaluando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional, CPI, y denunciar el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual el país reconoce la jurisdicción de ese tribunal.
La información fue revelada este martes por Caracol Radio, que citó fuentes consultadas en La Haya que dan por segura la salida de Colombia. Sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial de la Presidencia de la República ni de la Cancillería que confirme el inicio del procedimiento.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, un Estado puede denunciar el tratado mediante una notificación escrita dirigida al secretario general de Naciones Unidas. El retiro entra en vigor un año después de recibida esa notificación.
Eso significa que, incluso si el Gobierno formalizara próximamente su intención, Colombia continuaría vinculada a la CPI durante 12 meses.
Durante ese periodo de transición, según una fuente diplomática citada por Caracol Radio, la Corte aún podría abrir investigaciones sobre Colombia. Además, la denuncia del tratado no eliminaría las obligaciones adquiridas mientras el país fue Estado Parte, ni le quitaría competencia a la Corte sobre hechos ocurridos entre 2002 y la fecha efectiva del retiro.
Colombia hace parte del Estatuto de Roma desde 2002. El Congreso lo aprobó con la Ley 742 y la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad. Para ello, el país modificó la Constitución para reconocer expresamente la jurisdicción de la CPI.
¿Qué pasaría con la JEP?
Uno de los puntos de mayor preocupación es el impacto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y los procesos por los crímenes más graves del conflicto armado.
La CPI tiene una jurisdicción complementaria. No reemplaza a la justicia colombiana ni funciona como segunda instancia de la JEP, pero puede intervenir cuando considera que los sistemas nacionales no actúan de manera genuina frente a crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Por esa razón, una eventual salida modificaría el escenario de cooperación y supervisión internacional sobre la justicia transicional colombiana, especialmente frente a los procesos contra integrantes de la antigua cúpula de las Farc y otros responsables de hechos del conflicto.
La posible decisión se da en un contexto regional particular. Venezuela notificó el 24 de julio de 2026 a Naciones Unidas su intención de denunciar el Estatuto de Roma. Su salida se hará efectiva el 24 de julio de 2027. Ese caso muestra que la denuncia no implica ruptura inmediata ni borra investigaciones por hechos ocurridos mientras el Estado estuvo vinculado.
A nivel internacional, la decisión coincidiría con una postura cada vez más crítica de Estados Unidos frente a la CPI. Washington nunca ratificó el Estatuto y durante la administración de Donald Trump ha intensificado acciones contra el tribunal. En julio de 2026, el Gobierno estadounidense impulsó una campaña para debilitar la Corte y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió a países latinoamericanos abandonar el Estatuto.
Ese panorama coincide con el nuevo rumbo de la política exterior del Gobierno de De la Espriella y su acercamiento con Estados Unidos e Israel.
Por ahora, el Gobierno colombiano no ha confirmado oficialmente si presentará la notificación de retiro ante Naciones Unidas.
