La influenciadora recibió protección de la UNP el 26 de junio de 2026, cuando no estaba vinculada al Estado. La congresista lo compara con el caso de Miguel Uribe Turbay
Bogotá, 19 de agosto de 2026. La senadora Sara Castellanos rechazó la asignación de un esquema de seguridad a la creadora de contenido Gabriela Muñoz por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y aseguró que la decisión evidencia unas “prioridades” cuestionables en el manejo de la entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta de X, la congresista citó una información publicada por El Tiempo según la cual Muñoz, señalada de haber tenido injerencia en decisiones de la Aeronáutica Civil, recibió un esquema de protección el 26 de junio de 2026. Para esa fecha, de acuerdo con el medio, la influenciadora no tenía contrato con ninguna entidad del Estado.
El esquema asignado estaría compuesto por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas.
“El clientelismo pesa más que el mérito”
Castellanos comparó el caso con el del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció en agosto de ese año.
Según el abogado de su familia, Víctor Mosquera, el congresista solicitó en varias oportunidades el reforzamiento de su esquema de seguridad a la UNP y, presuntamente, su petición no fue atendida.
“¡Qué paradoja! Hace un año, a Miguel Uribe le recortaron el esquema de seguridad. Hoy, a Gabriela Muñoz le asignan uno. Las prioridades del Gobierno Petro siempre estuvieron muy claras. Cuando se trata de seguridad, parece que el clientelismo pesa más que el mérito y la necesidad”, aseveró la senadora.
Augusto Rodríguez, quien dirigía la UNP cuando ocurrió el atentado contra Uribe Turbay, negó las acusaciones de falta de diligencia. En declaraciones a El País América aseguró que el precandidato presidencial contaba con un esquema “robusto”: cuatro policías y tres escoltas de la UNP.
“Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, afirmó. Según Rodríguez, Uribe Turbay decidió dividir a su equipo de protección para que cuidaran también a su familia y no aceptó el relevo de escoltas, lo que redujo el número de hombres asignados.
Las denuncias contra Muñoz
La asignación del esquema también generó controversia por señalamientos previos contra Muñoz. Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, dijo en Noticias RCN que la influenciadora habría tenido injerencia en la toma de decisiones administrativas en la Aeronáutica Civil y en nombramientos de personal, incluidos familiares, pese a ocupar un cargo de auxiliar.
“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (…). Es el mismo modus operandi”, señaló la exfuncionaria.
Gabriela Muñoz se pronunció mediante un comunicado en el que negó las acusaciones. Aseguró que su cargo no le daba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos ni ordenar gastos.
“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, precisó.
La UNP no se ha pronunciado oficialmente sobre los criterios que llevaron a la asignación del esquema de seguridad a la creadora de contenido.
