Bogotá. La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación por el magnicidio del exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y solicitó a la Unidad Nacional de Protección los registros de GPS de las camionetas blindadas de su esquema de seguridad. El objetivo: verificar si dos de sus escoltas se reunieron con un condenado por el crimen
Según reveló El Tiempo, la solicitud surgió tras el hallazgo de contactos y registros telefónicos que apuntarían a posibles vínculos internos con los responsables del ataque.
La pista principal parte del celular de Élder José Arteaga Hernández, alias Chipy o El Costeño. En el aparato aparecía un contacto guardado como “escolta senador”.
Un menor de 17 años declaró ante la Fiscalía que Arteaga sostuvo al menos un par de llamadas con ese contacto en los días previos al atentado. En su versión, el joven aseguró que Arteaga le dijo que tenía “personas trabajando para él dentro del entorno del joven político”.
Otra pieza clave es Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace entre la Segunda Marquetalia y la oficina sicarial de El Costeño. La hipótesis de la Fiscalía indica que al menos dos integrantes del esquema de Uribe Turbay habrían sostenido reuniones con él meses antes del crimen.
Noticias RCN informó que las celdas de ubicación de los teléfonos de dos escoltas los situaban en la misma zona en la que estuvo Pérez Marroquín. El primer registro es del 29 de enero de 2025 en cercanías del parque El Golfito, en Modelia, lugar donde después fue atacado Uribe Turbay. El segundo posible encuentro se ubicó en abril, dos meses antes del ataque.
GPS como prueba clave
La evidencia que podría confirmar o descartar la hipótesis está en los archivos de la UNP. La información de geolocalización de los vehículos asignados al exsenador será revisada para determinar si las camionetas llegaron a los puntos donde habrían coincidido con Pérez Marroquín.
“La información de los GPS de las camionetas determinará si llegaron a los lugares que están diciendo. Esa información está en los archivos de la Unidad Nacional de Protección”, dijo a El Tiempo una fuente del caso.
La misma fuente señaló que también se busca establecer “si los escoltas hacen parte del personal suministrado por la UNP o por la Policía”, pues Uribe Turbay tenía un esquema mixto. Esto abrió una segunda verificación sobre la cadena de mando de los funcionarios bajo sospecha.
Pese a que la Fiscalía ya puso sobre la mesa la sospecha sobre integrantes del dispositivo, la familia del exsenador continúa con el mismo esquema de protección.
Así lo denunció María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay. “A la fecha, el esquema no ha sido cambiado. He insistido ante el Gobierno nacional por diferentes medios, mediante cartas, peticiones oficiales y chats, sin recibir respuesta alguna de ninguna entidad. A la fecha, ningún miembro del Gobierno se ha comunicado conmigo”, afirmó.
La investigación busca ahora cruzar los registros de GPS de las camionetas blindadas con los datos de las celdas telefónicas para probar si esos contactos previos efectivamente ocurrieron.
