FISCALÍA IMPUTARÁ A LAURA SARABIA POR CASO DEL POLÍGRAFO A MARELBYS MEZA: SE CAYÓ ACUERDO DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Judicial

El ente acusador formuló cargos por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El testimonio de un oficial y la aparición de una segunda víctima frenaron la negociación

Bogotá, 30 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la Nación descartó la vía de justicia restaurativa y alista la imputación formal contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, por el polígrafo irregular practicado a Marelbys Meza el 30 de enero de 2023 en la Casa Galán, frente a la Casa de Nariño.

La decisión se tomó luego de que se cayera un acuerdo que buscaba reparar económicamente a la exniñera y evitar el juicio. Según fuentes citadas por la revista Cambio, dos hechos clave cambiaron el rumbo del proceso: el testimonio de un oficial implicado y la solicitud de una segunda víctima para ingresar al expediente.

Se cayó el acuerdo restaurativo

Durante meses la defensa de Sarabia, primero con Mauricio Pava y luego con Mario Iguarán, exploró con la Fiscalía una salida negociada. La propuesta incluía un acto de reconocimiento, reparación simbólica y una compensación económica a Meza.

En julio de 2026, la apoderada de Meza envió una carta a Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, solicitando “la activación del mecanismo de justicia restaurativa” por decisión “libre, expresa e informada” de su clienta. Si se aprobaba y se cumplía, el expediente se archivaría.

Sin embargo, el 2 de julio el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En su matriz de colaboración se comprometió a declarar bajo juramento que Sarabia impartió la orden directa para someter a Meza al polígrafo, tras enterarse de la desaparición de 7.000 dólares y documentos de Estado en su apartamento.

El segundo golpe llegó con Fabiola Perea, quien pidió ser reconocida como víctima. Perea asegura que, aunque no le hicieron polígrafo, policías de civil llegaron a su vivienda sin orden judicial, tomaron fotos del inmueble y recopilaron información de sus familiares, vulnerando su intimidad. Su abogado, Mauricio Marín, afirmó que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa.

Los tres delitos que enfrentará Sarabia

Con la nueva línea, la Fiscalía prepara la imputación por:

1. Peculado por uso

2. Abuso de función pública

3. Constreñimiento ilegal

Para el penalista Francisco Bernate, consultado por Cambio, los delitos de peculado por uso y abuso de función pública podrían impedir beneficios como suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, por aplicación del artículo 68A del Código Penal.

En enero de 2024, Sarabia negó haber ordenado el polígrafo. Dijo que ese tipo de decisiones debían pasar por su esquema de seguridad y que el caso se manejó como asunto de seguridad nacional. Señaló que al llegar a su apartamento ya había policías de civil y que la coordinación estaba a cargo de la entonces teniente Sandy.

La tesis de la Fiscalía apunta a desvirtuar esa versión con el testimonio de Mojica, a quien Sarabia había señalado como responsable del procedimiento.

La defensa, liderada por Mario Iguarán, anticipó que responderá en el proceso. “Desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía y estamos prestos a entregar las explicaciones que el ente acusador considere necesarias”, dijo.

El antecedente que podría usar la defensa

Como uno de los argumentos, la defensa aludiría a un caso similar ocurrido en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Tres enfermeras y una empleada doméstica que trabajaban para el padre de Marta Lucía Ramírez fueron sometidas a polígrafo en el edificio Luis Carlos Galán tras la desaparición de dinero. Ese expediente se archivó por atipicidad de la conducta, bajo el argumento de que fue “un tema de seguridad nacional y el polígrafo fue voluntario”.

Más de tres años después del episodio en la Casa Galán, a Sarabia le quedan dos opciones: ir a juicio para controvertir la tesis de la Fiscalía o buscar una nueva salida negociada como preacuerdo o principio de oportunidad.

El caso entra ahora en su fase decisiva y pondrá a prueba a una de las funcionarias más cercanas al poder en el inicio del gobierno Petro.