El cruce de declaraciones entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el juez Hugo Carbonó, abrió un nuevo capítulo de tensión en el juicio contra Nicolás Petro Burgos, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Todo se originó por las críticas de la jefa del ente acusador, quien dejó entrever que habría dilaciones injustificadas en la audiencia preparatoria contra el hijo del expresidente Gustavo Petro.
La respuesta no se hizo esperar. Carbonó aseguró que esas afirmaciones están descontextualizadas y no tienen en cuenta la magnitud del expediente ni el ritmo de trabajo de su despacho.
Según explicó el togado, la etapa preparatoria es una de las más exigentes del sistema penal acusatorio porque allí se define qué pruebas llegan al juicio oral. En este caso, dijo, se debieron revisar cerca de 1,5 millones de elementos aportados por la Fiscalía y la defensa, y aún así la fase se cerró en lo que calificó como un tiempo récord.
El juez también aclaró que el proceso no está frenado en su juzgado, sino que ahora depende del Tribunal Superior de Barranquilla. Esto, porque alrededor de 800 decisiones sobre pruebas fueron apeladas y deberán ser resueltas por el magistrado Demóstenes Camargo De Ávila antes de poder avanzar.
Carbonó defendió además su gestión recordando la carga que enfrenta: solo en lo que va de 2026 ha dirigido más de 584 audiencias en distintos procesos. Y sostuvo que ha actuado con imparcialidad, al punto de haber compulsado copias tanto contra los fiscales Mario Burgos y Lucy Marcela Laborde, como contra el defensor Alejandro Carranza, por presuntas irregularidades.
Mientras el Tribunal estudia los recursos pendientes, el juicio oral contra el exdiputado del Atlántico sigue en suspenso, a la espera de que se defina el futuro de cientos de pruebas clave.
