Bogotá. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) salió a aclarar la situación legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama Ana Lucía Pineda, y confirmó que la entidad está habilitada para recibir donaciones y que hace parte del Régimen Tributario Especial
El pronunciamiento, emitido el martes 13 de octubre de 2026, se dio luego de la polémica por un informe de Noticias Uno y de los cuestionamientos de congresistas de oposición y del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, sobre el manejo de los recursos para los damnificados del terremoto del 10 de agosto.
Según la Dian, la fundación tiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y sí pertenece al régimen especial. La entidad aseguró que las versiones que negaban ese reconocimiento “no corresponden a su situación jurídica actual”.
La autoridad tributaria explicó, además, que cualquier entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida puede recibir donaciones para cumplir su objeto social, esté o no en el régimen. La diferencia, aclaró, es que solo las que están en el RTE pueden expedir certificados para que los donantes accedan a beneficios tributarios. En este caso, la fundación cumple las dos condiciones.
Desde la organización señalaron que ese aval “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia y la responsabilidad en su labor social”.
El informe que presentó Pineda
Días después, el viernes 16 de octubre, la empresaria cordobesa y esposa del presidente Abelardo de la Espriella reveló el informe de rendición de cuentas entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026.
Según el documento, la fundación canalizó $54.589.523.791 en ayuda humanitaria y proyectos de reconstrucción.
El 81% de esos aportes provino del Grupo Gilinski. La entidad aseguró que no ha recibido ni administrado recursos públicos y que sus gastos administrativos en ese periodo fueron de $11.916.639.
Qué se hizo con la ayuda
En la primera fase, la fundación reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y la atención a más de 48.000 personas en 80 municipios.
Para eso contó con más de 30 centros de acopio, 1.250 voluntarios, el respaldo de más de 100 empresas y el apoyo de 24 compañías de transporte y logística.
También se puso en marcha la estrategia ‘Un Corazón Contigo’, con 600 profesionales voluntarios que brindaron acompañamiento psicológico y emocional a las familias afectadas.
Lo que viene: colegios, salud y vivienda
La segunda etapa se concentra en reconstrucción. En Cali, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia, se proyectan seis intervenciones: tres colegios y tres centros de salud, por un valor total estimado de $61.988 millones. Ya hay un aporte inicial aprobado de $6.400 millones para una fiducia.
Las obras educativas beneficiarían a 3.300 estudiantes, y la recuperación sanitaria busca restablecer atención para unos 152.000 pacientes al mes.
En vivienda, los planes incluyen 35 casas nuevas y dos mejoramientos en Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas, con cuatro aliados.
En Quibdó arrancó la Urbanización Tierra Nueva, con 27 casas para familias damnificadas y $1.000 millones gestionados por la fundación.
En Dosquebradas, el convenio con ACF S.A.S. prevé dos viviendas nuevas y dos mejoramientos, con aportes en especie por hasta $376 millones y una donación de $50 millones de Durapanel para la estructura.
La fundación aclaró que el avance de las obras dependerá de revisiones técnicas, financieras y de verificación.
