Bogotá – El Gobierno Nacional informó que tres personas fueron encontradas dentro de la residencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, el pasado 28 de octubre
Según el comunicado oficial, divulgado este 3 de noviembre, los individuos tenían antecedentes por homicidio y ocho hurtos agravados. Fueron identificados por las autoridades de protección y puestos a disposición de la justicia.
En el mismo pronunciamiento se reportó un segundo hecho: cerca del colegio donde estudian los hijos del funcionario fue vista otra persona que se retiró del lugar al notar la llegada de la Policía. “No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades. Se trabaja para identificarla”, indicó el Ejecutivo.
El hallazgo se produjo seis días después de que Ríos presentara ante el Senado una denuncia sobre presuntas irregularidades contractuales en la administración anterior.
La denuncia que antecedió al hecho
El 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Ríos anunció que acudiría a la Fiscalía por la presunta instrumentalización de varias mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.
“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, afirmó ante los congresistas.
El director del Dapre también cuestionó el uso que, según él, se le habría dado a la Casa de Nariño en ese periodo. “La Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, sostuvo.
En esa sesión no reveló los nombres de las mujeres mencionadas ni detalló las pruebas, aunque aseguró que varias ya estaban en contacto con el actual Gobierno para contar lo ocurrido.
El tema ganó visibilidad pública tras una entrevista de Deicy Jiménez a la revista Semana, en la que relató que el entonces presidente habría usado a mujeres jóvenes para obtener beneficios personales a cambio de contratos y que algunas asistían a reuniones y fiestas en condiciones que, a su juicio, constituían abuso de poder.
El expresidente Petro rechazó las acusaciones mediante un comunicado. Por su parte, el abogado que representaba a Jiménez, Andrés Felipe Caballero, anunció su renuncia a la defensa por motivos de seguridad.
Qué está haciendo la Fiscalía
A partir de la denuncia de Ríos, la Fiscalía abrió de oficio una indagación preliminar a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El ente investigador prevé citar al propio director del Dapre, así como a las exdirectoras de la entidad Laura Sarabia y Angie Rodríguez, y a otros funcionarios y exfuncionarios.
También ordenó inspecciones en el Dapre para revisar la totalidad de los contratos cuestionados y diligencias de policía judicial para recolectar pruebas. El proceso hace parte de una indagación más amplia iniciada el 23 de octubre por una noticia criminal sobre posibles irregularidades en esa entidad y en otras dependencias durante el gobierno anterior.
Sobre la competencia, la investigación a Petro por hechos como presidente corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y por su condición actual de senador, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Reacción del Gobierno
En su comunicado, el Ejecutivo calificó los señalamientos del director del Dapre como “graves” y señaló que corresponde a la justicia esclarecerlos.
Sobre el hallazgo de los intrusos, expresó: “El Gobierno Nacional expresa toda su solidaridad con el director Ríos y su familia, y exige que las autoridades esclarezcan con celeridad estos hechos y establezcan si guardan alguna relación con su denuncia”.
Respecto al episodio cerca del colegio, agregó: “Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”.
Finalmente, aseguró que garantizará las medidas de protección necesarias para el funcionario y su familia y reiteró su respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance “sin presiones ni intimidaciones”.
