Bogotá – Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) advertirían sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas un plan para instalar dispositivos de escucha y rastreo en vehículos de protección de expresidentes, una casa operativa no registrada en Bogotá y un supuesto plan para afectar el proceso electoral
Así lo reveló un informe reservado conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Se trata de un documento de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la agencia, que recoge fotografías, documentos y análisis a partir de información entregada por funcionarios de la propia entidad.
Vehículos de protección bajo sospecha
Uno de los señalamientos centrales tiene que ver con el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que le asignó a la DNI un papel en la distribución de los vehículos destinados a los esquemas de seguridad de exmandatarios.
Según el informe, ese cambio habría abierto la puerta para que la agencia participara en la asignación de los automotores que después serían usados para presuntas labores de seguimiento.
Una fuente humana habría advertido que la intención era preparar esos vehículos con micrófonos y dispositivos GPS para expresidentes y exvicepresidentes.
El decreto, expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial, estableció que esos vehículos serían asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la DNI.
El documento cuestiona que una agencia de inteligencia participe en ese procedimiento y plantea que el objetivo habría sido controlar los movimientos de los exmandatarios.
Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, le dijo al noticiero que, de comprobarse, la entidad habría actuado por fuera de sus competencias.
“Aunque es difícil poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos, pues claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”, afirmó.
Restrepo agregó que la presunta instalación de micrófonos, cámaras o rastreadores en los automotores de los expresidentes implicaría intervenir en un ámbito en el que la entidad tiene expresamente prohibido actuar.
Un presunto plan para regresar a la entidad
El informe también advierte sobre una supuesta estrategia para que funcionarios de confianza del Gobierno Petro volvieran a la DNI tras el cambio de administración.
Según el documento, algunas personas habrían sido declaradas insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que después ganaran demandas judiciales y fueran reincorporadas.
La casa clandestina cerca de la Embajada de EE. UU.
Otro hallazgo tiene que ver con una vivienda ubicada a pocos metros de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría funcionado como una instalación operativa no registrada oficialmente.
De acuerdo con la fuente citada, la casa fue desocupada después de las elecciones presidenciales y los registros sobre su existencia habrían sido eliminados de los archivos oficiales.
El documento también alerta sobre la posible presencia de programas maliciosos en computadores y celulares entregados a funcionarios de inteligencia tras un viaje a Moscú, Rusia, para recibir capacitación del SVR, el servicio secreto de ese país.
La advertencia señala que esos dispositivos podrían haber sido usados para instalar malware y acceder a los sistemas de la DNI con el fin de espiar a la siguiente administración. Por eso, el informe recomendó una revisión forense de los equipos.
Contratos millonarios bajo cuestionamiento
Los documentos también cuestionan varios procesos de contratación.
Uno de ellos es la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos, destinado a recolectar información con imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.
Según las especificaciones citadas, el aparato tendría un alcance de 600 kilómetros, hasta seis horas de vuelo, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.
Sin embargo, el informe señala que el equipo habría incumplido las especificaciones técnicas y que el contrato estaba en proceso sancionatorio. Un informe técnico de agosto de 2025 identificó cuatro fallas en los sistemas de comunicación, combustible, caja de engranajes y motor, que habrían impedido una prueba de vuelo por seguridad.
A eso se suma un siniestro ocurrido el 15 de marzo de 2026. En una comunicación enviada el 13 de abril a la aseguradora HDI, René Guarín, entonces director encargado de la DNI, informó que la entidad revisaba las causas y el alcance de lo sucedido. El documento también cuestiona que el helicóptero estuviera asegurado por 900 millones de pesos, equivalentes al 10% de su valor de compra.
Otro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre, relaciona la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024. Dos habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. En total, la entidad adquirió tres de esos sistemas por 8.340 millones de pesos.
El reporte también advierte que desde 2024 la DNI no contaba con una plataforma para registrar sus misiones de trabajo, porque no se renovó el contrato con el proveedor del sistema.
Restrepo explicó que las operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben tener órdenes y supervisión. “No puede haber una misión de inteligencia o de contrainteligencia sin una orden y sin una supervisión”, sostuvo.
En contratación también aparecen otros casos cuestionados:
– El contrato 053 del 7 de octubre de 2022, por 580 millones de pesos, para un sistema de detección biométrica, dactilar, facial y de iris que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.
– El contrato 043 de 2024, por 1.314 millones de pesos, para 595 computadores que, según el documento, presentaban fallas y no tenían características de equipo corporativo.
– Una contratación de enero de 2026, por 1.549 millones de pesos, que incluyó diez atriles de 14 millones de pesos cada uno y camas de 18 millones de pesos, destinados a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción tenía un retraso del 12%.
El nombre de Carlos Oyola en los documentos
Entre los documentos internos también aparece Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y cuyo nombre figura relacionado con presuntas operaciones informáticas contra entidades estatales.
Según los registros citados, Oyola habría accedido a bases de datos de distintos organismos para que el área de contrainteligencia pudiera consultarlas, pero después habría perdido esa información.
Tras su paso por contrainteligencia, fue trasladado al grupo de tecnología por decisión del entonces director general Jorge Lemus. En esa dependencia, según los documentos, habría asumido una misión relacionada con las elecciones presidenciales. Una anotación interna señala que lideraba una red que realizaría trabajos para cambiar resultados de votación del 21 de junio y ejecutar ataques contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El señalamiento cobra relevancia porque Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.
Según la investigación del noticiero, horas antes de esa jornada electoral la Fiscalía adelantó un allanamiento en un apartamento que habría funcionado como fachada de la DNI. Oyola se encontraba en el inmueble, pero escapó antes de la llegada del CTI. En el lugar quedaron computadores, celulares y otros dispositivos.
