El polémico exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha sido señalado de cometer los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por cuenta del caso en el que fue acusado de sobornar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes
Tras la petición del gobierno colombiano de solicitar en extradición a Carlos Ramón González, Nicaragua negó la solicitud.
La petición había sido presentada por la Embajada de Colombia en Managua el fin de semana. Aunque en el Gobierno Petro había “optimismo”, al considerar que “se cumplían los requisitos”, este miércoles se confirmó la negativa. Por parte del país centroamericano.
En el documento con el que Nicaragua respondió a la solicitud, también se confirma que González recibió asilo político.
González, prófugo en Managua, luego de que se dictó orden de captura en su contra, gozará de un estatus distinto; lo que causó una dura reacción los que consideran que el Gobierno los encubrió y protegió. Sobre todo, cuando ha sido señalado de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por aparentemente ofrecer prebendas a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para aprobar proyectos del Gobierno.
El caso de corrupción en la Ungrd, que estalló con el sobrecosto en la compra de camiones para el suministro de agua en el departamento de La Guajira, causó serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. Aunque la Fiscalía lo citó para responder por estos cargos, González salió del país y ahora, más que nunca, está fuera del alcance de la justicia colombiana, tras recibir el amparo del régimen nicaragüense de Daniel Ortega.
En documento con el que Nicaragua respondió a la solicitud, confirma que González recibió asilo político.
“Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad con la Resolución Ministerial No. 001-2025 de este Ministerio, le fue otorgado Asilo Político con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”, señala la comunicación.
El texto agrega que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales».
Al conocer la noticia, la oposición culpó a Gustavo Petro por la fuga de Carlos Ramón González. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa, que criticó al Ejecutivo y señaló que la designación de González como jefe del Dapre respondió a vínculos previos; y que, tras la imputación, el Gobierno habría intervenido para facilitar su fuga. El extitular del órgano de investigación afirmó que Petro, en lugar de colaborar con la captura, habría actuado para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua.
“¡Finjamos sorpresa! (…) El Gobierno, en lugar de ayudar a capturarlo, mueve sus fichas para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua. Y cuando estalla el escándalo, arman la pantomima de pedir extradición. No nos crean imbéciles: atracaron al pueblo y ayudaron a que el ladrón se volara. Bandidos», afirmó el exfiscal Barbosa en su perfil del X.
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño describió lo que consideró un “plan perfecto” ejecutado por el Gobierno para permitir la salida de González del país. Según el cabildante, las autoridades facilitaron su ingreso a Nicaragua, le proporcionaron alojamiento financiado con recursos públicos, gestionaron la renovación de su residencia y, finalmente, hicieron una solicitud de extradición que fue rechazada por Ortega, al que identificó como aliado de Petro.
A estas voces también se unió la de la Senadora María Fernanda Cabal y otros líderes de la oposición, que encendieron las redes sociales, logrando que miles de colombianos expresaran su indignación luego del anuncio por parte de Nicaragua.
