Con esta decisión, queda en firme la posibilidad de ejecutar el embargo por la billonaria suma, correspondientes al IVA del 19 % aplicado a las importaciones de gasolina y diésel entre 2022 y 2024
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó una decisión judicial que había frenado temporalmente el cobro de más de $1,3 billones que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reclama a la Refinería de Cartagena (Reficar) por concepto de IVA aplicado a importaciones de combustible entre 2022 y 2024.
En un fallo de ocho páginas, la Sala Civil–Familia determinó que la acción de tutela presentada por Reficar era improcedente para detener el proceso administrativo de la Dian, dejando sin efecto la suspensión del cobro y exponiendo nuevamente a la refinería a posibles embargos sobre sus cuentas o bienes.
La Dian sostiene que la empresa debe liquidar el impuesto con una tarifa del 19%, mientras que la refinería asegura que la Ley 1955 de 2019 —el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque— fijó una tarifa del 5% para estas operaciones. La diferencia de interpretación llevó a que la autoridad tributaria iniciara un proceso de fiscalización y enviara varios requerimientos especiales, lo cual derivó en el cobro coactivo que hoy se disputa en los estrados.
En su fallo, el tribunal dejó claro que la tutela presentada por Reficar no cumplía los requisitos para frenar actuaciones de la Dian. La Sala señaló que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y que existe una jurisdicción específica para controvertirlos. Por eso, recordó que “la acción de tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto administrativo, ya que estos, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por la presunción de legalidad”.
Reficar, filial de Ecopetrol, argumentó que por la naturaleza de su operación bajo régimen de zona franca la tasa aplicable debería ser menor (5%), conforme a disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y normativas previas.
El Tribunal indicó que, aunque Reficar también buscó defender el posible impacto sobre la operación de la refinería y la estabilidad laboral de sus más de 4.000 trabajadores, no acreditó la existencia de un riesgo real e inmediato que justificara el uso de la tutela.
