Los cargos, contratos y millonarios ingresos que habría manejado Juliana Guerrero durante el Gobierno de Gustavo Petro volvieron al centro del debate público, luego de que una investigación de Semana señalara una presunta red de corrupción que habría operado entre 2024 y 2026
Guerrero, señalada en el reporte como una de las personas con mayor influencia en el Gobierno, negó públicamente haber recibido “dinero, comisiones o beneficios económicos por gestiones ante entidades públicas”. También aseguró que no mantiene “contratos ni nombramientos con el Gobierno nacional desde hace más de un año”.
El paso por tres entidades del Gobierno
De acuerdo con los registros de Función Pública, los primeros documentos de Juliana Guerrero datan de octubre de 2022. El 10 de ese mes presentó su primera declaración como contratista de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, en el cargo de asistente secretaria ejecutiva. Lo ejerció entre el 10 de noviembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.
En esa declaración reportó ingresos por $6.000.000 en 2021 por salarios e ingresos laborales. No declaró cuentas bancarias ni bienes patrimoniales.
En enero de 2023 se vinculó como contratista al Ministerio del Interior. Allí presentó cinco documentos entre la declaración inicial y cuatro correcciones. Inicialmente reportó $2.000.000 de ingresos en 2022 y sin cuentas de ahorro. En correcciones posteriores incluyó una cuenta en Colombia con saldo de $2.542.098 a diciembre de 2022.
En marzo de 2023 firmó un nuevo contrato con el mismo ministerio como enlace territorial de la Dirección de Seguridad y Convivencia. El vínculo fue entre el 10 de marzo y el 9 de agosto de 2023. Según Secop Integrado, ese contrato fue por $11.786.424, bajo modalidad directa y por cuatro meses, con pagos mensuales de $2.946.606.
En septiembre de 2024 presentó declaración de retiro ante el Ministerio del Interior. Allí reportó $3.000.000 de ingresos en 2023 y $1.000.000 en su cuenta de ahorros. Ese mismo día registró un nuevo ingreso como contratista, esta vez con residencia en Bogotá.
En enero de 2025 volvió al Dapre como contratista y reportó $3.000.000 de ingresos en 2024 y $50.000 en su cuenta de ahorros. En marzo de 2025 se vinculó como asesora y jefa de despacho del ministro del Interior, manteniendo las mismas cifras.
Las últimas cuatro declaraciones aparecen registradas como “designada presidente”, sin cargo específico. La primera fue el 19 de marzo de 2025 en el Dapre, y otras dos el 25 y 26 del mismo mes.
En la declaración del 26 de marzo, Guerrero ajustó sus ingresos a $5.000.000: $2.000.000 por salarios y $3.000.000 por “otros ingresos y rentas”. Además, reportó $3.000.000 en cuenta bancaria a diciembre de 2024, cifra distinta a los $50.000 reportados dos meses antes.
La última declaración corresponde al 14 de abril con el Ministerio de Ambiente, clasificada como “Otro”, y repite las cifras anteriores.
La nueva polémica surgió tras la investigación de Semana, que expuso audios, chats de WhatsApp y comprobantes de consignaciones que, según el medio, demostrarían que Juliana y su hermana Verónica Guerrero habrían integrado una red que operó desde el segundo semestre de 2024 en distintos departamentos del país.
El reporte señala que las hermanas habrían ejercido influencia sobre entidades estatales entre 2024 y 2026 pese a no tener, según esa versión, vinculación laboral formal en ese período. También menciona cobros de $1.000.000, anticipos de $200.000.000 y comisiones del 10%, montos que no aparecen en las declaraciones de bienes y rentas de Juliana Guerrero.
La revisión de la Superintendencia de Notariado y Registro concluyó que Guerrero no posee propiedades en el país, dato que coincide con lo reportado en Función Pública.
Otras investigaciones
Entre julio y septiembre de 2024 crecieron los cuestionamientos por su aspiración a la Vicepresidencia de la Juventud del Ministerio de la Igualdad y por el título académico presentado. Actualmente Guerrero enfrenta una investigación formal por la presunta presentación de títulos falsos para acceder a cargos públicos.
