El Juzgado Segundo Civil Municipal de la isla admitió la tutela en la que el ente de control solicitó restablecer la conexión al servicio público esencial de acueducto
La Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) deberán contar con planes estructurados que garanticen el funcionamiento de la planta desalinizadora.
La tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra la Unión Temporal (UT) Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), en la que se solicita restablecer la conexión al servicio público esencial de acueducto en la isla de San Andrés, fue admitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de San Andrés Islas.
La acción constitucional fue solicitada por la entidad, teniendo en cuenta que mientras se pavimentaba la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón de San Andrés, la maquinaria pesada utilizada por el personal de la UT causó daños al sistema de captación de la nueva planta desalinizadora de 50 lps y a la red de fibra óptica, necesarios para garantizar el suministro de agua potable.
A pesar de múltiples requerimientos, ni el contratista ni Aremca, firma ejecutora de las obras realizadas en la isla con recursos de regalías, han asumido la responsabilidad de los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del contrato.
Esta situación ha generado un impacto negativo y graves daños a la comunidad, que se ha visto privada del líquido vital para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo otros derechos fundamentales como la salud y la vida.
En la tutela interpuesta, el Ministerio Público pidió proteger el derecho fundamental al abastecimiento de agua potable de los habitantes del archipiélago; adelantar las acciones técnicas y económicas necesarias para arreglar de manera óptima y sin remiendos la línea de energía media, así como contratar y pagar la instalación de la fibra óptica que permite la generación de agua.
Al mismo tiempo, la Procuraduría solicitó al juez advertir a los accionados la necesidad de contar con planes estructurados para que, en lo sucesivo, se abstengan de generar daños a los sistemas que garantizan el funcionamiento de la planta desalinizadora.
Con esta actuación, el ente de control busca proteger el derecho fundamental de los isleños al agua potable.
Procuraduría General de la Nación
