Algunos sectores en el país la catalogan la iniciativa como impunidad total
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, este domingo 20 de julio, radicó el proyecto de ley de paz total, el cual tuvo distintos ajustes en sus últimas 48 horas y terminó teniendo una extensión de 42 folios. Según Montealegre, en el proyecto se incluyeron beneficios para jóvenes judicializados en el marco de la protesta social, con posibilidad de reducción del 70% de las penas.
La iniciativa también incluye penas alternativas entre 5 y 8 años de privación de la libertad y sometimiento a la justicia para estructuras criminales, con rebajas del 40 al 60% de las penas.
En declaraciones a la prensa, Montealegre defendió la iniciativa legal que busca abrir nuevas oportunidades para jóvenes que participaron en la protesta social, señalando que ha sido malinterpretada por ciertos sectores como un intento de favorecer la impunidad.
“Se equivoca quien diga que este es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Este proyecto tiene un mínimo de retribución, es decir, contempla mínimos de pena privativa de la libertad”, aseguró.
El proyecto, que fue descrito como una tercera vía entre la justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), propone una fórmula mixta de justicia transicional que, sin crear una nueva jurisdicción, se apoyará en los mecanismos existentes de la Fiscalía General de la Nación y en los jueces actuales del país.
De acuerdo con el ministerio de justicia, no todos los grupos serán tratados igual. “A grupos como el Eln o las disidencias de las Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz”, anotaron. En tanto, a las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
Según el gobierno, “El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”.
Finalmente, en el articulado relacionado con el tratamiento penal a las protestas, el proyecto de ley plantea los mismos beneficios por colaboración, como principios de oportunidad por delitos menores, y en el caso de los delitos graves se mantuvo en el texto la posibilidad de conceder un 70% de reducción de la pena dependiendo de actos tempranos de reparación y el grado de participación que la persona haya tenido.
Por su parte, el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció sobre el proyecto que el Ministerio de Justicia radicó este domingo en el inicio de la nueva legislatura para el sometimiento de los grupos armados.
Cepeda lanzó una dura advertencia sobre los riesgos de confundir la búsqueda de la paz con la impunidad. “Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho”, afirmó en su intervención ante el Capitolio, al respaldar explícitamente la posición crítica de la Corte Suprema de Justicia frente al proyecto que fue presentado este domingo por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
