La policía judicial y el CTI hicieron cumplir la orden de captura
Tras finalizar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, se realizó su procedimiento de captura.
En horas de la tarde se hizo efectiva la detención del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que estaba de forma presencial en la audiencia en la que se definía la medida de aseguramiento.
El ministro, que recibió entre lágrimas la instrucción de la Sala Penal, no opuso resistencia mientras los uniformados le leían sus derechos como procesado, siendo retirado sin mayores inconvenientes del complejo judicial. En cuanto a Velasco, atendió la audiencia desde su hogar, y aunque rechazó los cargos que le fueron imputados, aseguró que se entregaría a las autoridades en el lugar que estas dispusieran.
Luis Fernando Velasco, se presentó a las autoridades cerca de las 11:00 p.m., de acuerdo a la información, Velasco se presentó ante miembros del Inpec en Cali, Valle del Cauca, ciudad en la que reside junto con su familia. De esta forma dio cumplimiento a la medida de aseguramiento en su contra ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con lo informado, Velasco se presentó ante miembros del Inpec en Cali, Valle del Cauca, ciudad en la que reside junto con su familia. De esta forma dio cumplimiento a la medida de aseguramiento en su contra ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Pese a que la fiscal María Cristina Patiño solicitó prisión domiciliaria para ambos funcionarios, la magistrada Aura Rosero tomó la determinación tras considerar las pruebas aportadas por el ente investigador, en las que se expone que los exfuncionarios habrían convocado y asistido a reuniones, impartido órdenes y realizado seguimiento para que proyectos de inversión en Invias y Ungrd fueran asignados a determinados congresistas, con el objetivo de asegurar votos favorables a iniciativas y reformas del Gobierno nacional en trámite en el Congreso, entre las que se incluyen la reforma tributaria y la reforma a la salud.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia identificó tres periodos en los que se habrían presentado las conductas investigadas. Entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd) por un valor total de 612.237 millones de pesos. De estos, 7 contratos se concretaron y fueron orientados según los intereses señalados.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia identificó tres periodos en los que se habrían presentado las conductas investigadas. Entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd) por un valor total de 612.237 millones de pesos. De estos, 7 contratos se concretaron y fueron orientados según los intereses señalados.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, la Fiscalía señala que intercedieron en tres contratos de la Ungrd destinados a la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor de 86.619 millones de pesos. Las pruebas indican que estos contratos no llegaron a ser direccionados, aunque los congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
En un tercer momento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, la Fiscalía sostiene que Bonilla González y Velasco Chaves habrían intervenido para que un contrato de la Ungrd en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado, hecho que finalmente no se concretó.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los exfuncionarios no aceptaron los cargos.
Uno de los argumentos del Tribunal para enviarlos a prisión fue la posibilidad de que el entramado corrupto se perpetuara. «No se sustenta en una fuga inminente, si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado», señaló la magistrada ponente, Aura Alexandra Rosero.
