El Ejército Nacional confirmó que los hechos ocurrieron en la vereda la Puria, en el municipio de Carmen de Atrato
Un grupo de aproximadamente 200 personas retuvo a dos suboficiales y 16 soldados, trasladándolos a un resguardo indígena y obstaculizando el desarrollo de la misión en zona rural de Carmen de Atrato.
En la tarde del domingo 21 de diciembre, un grupo integrado por aproximadamente 200 personas secuestró a 18 militares de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional durante una operación contra el grupo armado organizado ELN en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.
El Ejército Nacional confirmó que la última comunicación que se tuvo con el grupo de militares fue sobre las 2:13 de la tarde, una vez los 200 miembros de la comunidad indígena que los retuvieron los llevaron hasta el resguardo, donde, al parecer, los mantienen.
El secuestro de los 18 militares se dio en medio del desarrollo de una operación ofensiva contra el ELN, estructura que viene realizando acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil.
De acuerdo al informe de las autoridades, la unidad Búfalo1 realizó el cruce del río, pero al momento de continuar el camino fue sorprendida por la comunidad, que los interceptó y dio aviso a la guardia indígena, quienes secuestraron a los uniformados.
Según el Ejército Nacional, se tomaron tres acciones posteriores a los hechos, entre las cuales resaltó que se instauraron las denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador indígena de esa comunidad responsable del secuestro de los uniformados.
Igualmente se informó a las autoridades municipales del Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Personería, para que tomen acciones frente a lo sucedido y ayudan con la recuperación del personal militar.
También se entabló conversación con los líderes indígenas de la comunidad Río Claro, para buscar la liberación de los soldados secuestrados a través de la concertación, así como con miembros de la alcaldía, la gobernación y la defensoría del pueblo.
El Ejército Nacional rechazó con firmeza “toda acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”.
El comunicado también remarcó que la función principal de los uniformados era proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil en un contexto de persistente conflictividad en el Chocó.
El Ejército Nacional subrayó que la privación de la libertad de integrantes de la fuerza pública constituye una conducta regulada por la ley, que puede acarrear responsabilidades penales.
Este hecho se generó luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresara recientemente su intención de suspender operaciones contra la fuerza pública durante las festividades de diciembre y comienzos de enero de 2026.
No obstante, el ELN limitó la duración de su cese unilateral a diez días, mientras que las disidencias de alias Calarcá optaron por una suspensión indefinida. Ambas organizaciones, sin embargo, coincidieron en señalar que sus confrontaciones con bandas rivales seguirán en curso.
