Una denuncia señala que familiares de la actual senadora habrían recibido contratos durante el actual Gobierno. El caso reabre el debate sobre posibles conflictos de interés y nepotismo
Una nueva controversia golpea el escenario político nacional tras la difusión de una denuncia que involucra a la senadora Aida Quilcué, integrante del Pacto Histórico y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.
Este miércoles se conoció una denuncia que advierte por millonarios contratos que habría recibido parte de su núcleo familiar durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Al revisar en el portal de contratación pública Secop, se evidencia que la hija de la senadora, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, se hizo a contratos por $130 millones durante el actual cuatrienio. Uno de ellos, por valor de $77 millones, se firmó el 27 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre.
Fue suscrito vía contratación directa con la Unidad de Restitución de Tierras y tiene como objeto “prestar servicios profesionales para apoyar actividades de cumplimiento y fortalecimiento de la etapa posfallo en territorio según sentencias y autos” relacionados con la entidad.
Registros previos muestran otros vínculos contractuales de Alejandra Legarda Quilcué con la misma entidad. Entre junio y diciembre de 2023 firmó un acuerdo por $29 millones para servicios en la Oficina Asesora de Comunicaciones. En febrero de ese año suscribió otro contrato por $24 millones bajo la modalidad directa.
También aparece el nombre de Karen Yisel Hernández Quilcué, que, de acuerdo con la denuncia, suma contratos por cerca de $475 millones en entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura.
Entre los acuerdos reportados figura uno por $55 millones firmado el 23 de enero de 2026 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como otro por $61 millones suscrito días antes con la Unidad de Tierras.
Pero en cuento no para ahí, el historial contractual de Hernández Quilcué incluye varios convenios adicionales, pues en enero de 2025 registró un contrato por $84 millones; en octubre de 2024 firmó uno por $16 millones en el Ministerio de las Culturas; en abril de 2024 se firmó otro por $69 millones en la Unidad de Tierras; y en enero de ese mismo año, uno por $23 millones.
Igualmente aparecen acuerdos por $77 millones en febrero de 2023 y $64 millones en enero de ese año, todos con la misma entidad, según la denuncia de Santiago Henao.
Los registros se extienden hasta 2022, cuando firmó contratos por $2.666.166 en diciembre y $18 millones en septiembre, poco después del inicio del actual Gobierno de Gustavo Petro.
En la lista también figura Kelly Johana Quilcué Vivas, con contratos que sumarían $264 millones. Uno de ellos se firmó el 2 de abril de 2025 por $116 millones en el Ministerio de Ambiente.
Como si fuera poco, a esto se suman acuerdos por $78 millones en abril de 2024 y $16 millones en noviembre de 2023 en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En febrero de 2023 firmó otro por $54 millones con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, según una publicación del medio Infobae.
Ante la cantidad y el monto de los contratos, el abogado Henao cuestionó conflictos de intereses y riesgos frente a la transparencia política. “Es increíble esto cuando la izquierda tanto habló del nepotismo en campaña”, señaló.
