La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra cuatro exaltos funcionarios del Gobierno saliente por presuntas irregularidades en las negociaciones de paz con el Clan del Golfo
La medida recae contra cuatro exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Pertro mencionados en el informe que reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las negociaciones entre el Ejecutivo y el Clan del Golfo. Se trata del excomisionado de paz Danilo Rueda; el exministro de Defensa Iván Velásquez, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía como director y subdirector de Inteligencia Nacional en septiembre de 2022. Este noticiero dio a conocer los audios del comienzo de la negociación entre el Gobierno de Gustavo Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha a Rueda, entonces comisionado de paz, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes.
En los audios que reveló la Unidad Investigativa de Notiias Caracol se escucha una conversación entre Rueda y alias Jerónimo, del Clan del Golfo, que hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de Paz total promovida por el presidente Petro. «Yo les doy dos cosas, dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (…) Insisto en que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas», dijo Rueda en la conversación, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022.
Según la Procuraduría, se indagarán presuntos ofrecimientos irregulares hechos a ese grupo armado organizado, considerado la principal estructura de narcotráfico del país.
El Clan del Golfo, también conocido como AGC, tiene injerencia en Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, Chocó y zonas de frontera. Está señalado por narcotráfico, extorsión, minería ilegal y homicidios.
Las alertas sobre la mesa de diálogo con el Clan del Golfo surgieron en medio de la política de “paz total” del Gobierno saliente. Varios informes de inteligencia y denuncias públicas pusieron en duda el alcance de los supuestos beneficios y garantías ofrecidas a la estructura criminal.
La Procuraduría busca determinar si hubo extralimitación de funciones, violación del principio de legalidad o favorecimiento indebido en el manejo de esas negociaciones.
Es la primera etapa del proceso disciplinario. En esta fase la Procuraduría recopila pruebas para establecer si hay mérito para abrir investigación formal y formular cargos.
De comprobarse faltas, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones que van desde suspensión hasta inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Hasta el momento ninguno de los investigados se ha pronunciado. Se espera que en los próximos días presenten sus descargos ante el Ministerio Público.
La Procuraduría deberá definir si abre investigación formal contra los cuatro exfuncionarios o si archiva el caso por falta de méritos.
