La acción penal cuestiona la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica por más de 21.000 millones de pesos en Cenit, filial de la petrolera
El equipo jurídico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica en Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial de Ecopetrol.
El anuncio lo hizo Germán Calderón España, integrante del equipo de empalme y líder del denominado Equipo Dorado Anticorrupción. Según explicó, la acción judicial hace parte de las auditorías forenses ordenadas por el presidente electo y coordinadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
La denuncia se centra en un contrato suscrito con la firma Gesycobro S.A.S. para la prestación de servicios de asesoría jurídica.
De acuerdo con Calderón, el contrato habría superado el valor inicial de la oferta, fijada en más de 21.108 millones de pesos, y fue adjudicado por encima de otras firmas reconocidas del sector petrolero e hidrocarburos.
El jurista sostiene que la empresa contratada no cumpliría con los requisitos de idoneidad. Además, señaló que existirían aparentes vínculos políticos entre integrantes de la firma y el vicepresidente jurídico de Ecopetrol, Jorge Edilson Murcia, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila. Estos elementos fueron incluidos como soporte de la denuncia ante la Fiscalía.
Calderón afirmó que cada una de las denuncias presentadas por el equipo de empalme está respaldada con contratos, convenios, informes de auditoría forense, publicaciones de medios de comunicación y controles de advertencia emitidos por la Contraloría General de la República.
En el documento radicado se recuerda que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta controlada por Ecopetrol. Su objeto social incluye el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y la celebración de contratos necesarios para esas actividades.
La denuncia también advierte que, por su naturaleza, los servidores que ejercen funciones en la compañía están sujetos a un régimen especial que puede generar responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal.
El Equipo Dorado Anticorrupción hace parte del proceso de empalme del Gobierno entrante y ha anunciado que continuará presentando ante las autoridades las presuntas irregularidades detectadas en entidades del Estado.
La Fiscalía deberá ahora evaluar los elementos aportados e iniciar las verificaciones correspondientes.
