El ataque ocurrió en la vía Silvia – Totoró. El procurador Gregorio Eljach atribuyó el crimen a estructuras ilegales y pidió celeridad en la investigación
Popayán. Las autoridades confirmaron en la tarde del 30 de julio de 2026 las identidades de los tres ciclistas asesinados a balazos en la carretera que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con el reporte oficial de la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Cauca, las víctimas eran militares retirados del Ejército Nacional: el coronel Libardo Osorio Sánchez y los mayores Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui.
El ataque se registró en la mañana del jueves mientras los tres hombres realizaban una jornada de ciclismo recreativo en una zona donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el caso quedó registrado como la masacre número 77 en Colombia durante 2026. El reporte indica que un grupo armado interceptó a los tres hombres en la vía y les disparó con fusiles.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se priorice al departamento con acciones integrales que fortalezcan la seguridad, la inteligencia y la capacidad operativa de la fuerza pública.
“Solicitamos a las autoridades competentes el esclarecimiento de estos hechos para que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. Como Gobierno Departamental, pondremos a disposición todas las capacidades institucionales necesarias para la resolución de este crimen que enluta al departamento”, indicó en un comunicado.
Agregó: “No podemos permitir que el miedo se imponga sobre la esperanza. La inmensa mayoría de los caucanos y caucanas quiere vivir en paz, con dignidad, transitar libremente por el territorio, practicar deporte y construir un proyecto de vida sin el temor permanente que pretenden imponer quienes han elegido la violencia como forma de ejercer poder”.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el crimen y sostuvo que los responsables serían integrantes de grupos armados ilegales. Según el Ministerio Público, el homicidio “ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República”.
“Todos los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo o en retiro, merecen total respeto de sus derechos y de su integridad. En particular, quienes ya han cumplido su ciclo institucional y hacen parte de la reserva activa de las Fuerzas Militares. Un ataque contra ellos es un ataque contra la memoria de servicio y sacrificio que representan”, expresó Eljach.
El procurador pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Fuerza Pública y a las demás autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad para capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales y evitar que el triple homicidio quede impune.
La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre la situación en Silvia, Cauca, donde existen riesgos para comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, además del corregimiento de Usenda.
La advertencia atribuye esa situación a las disputas por el control territorial entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el ELN. En la zona también se reporta presencia del Frente Dagoberto Ramos, del ELN y de bandas de carácter local.
Las autoridades pidieron a la comunidad entregar cualquier información que permita identificar a los responsables de la masacre.
