El Gobierno busca eliminar “privilegios” en centros de reclusión. Cabecillas de la Oficina de Envigado, La Terraza y El Mesa también fueron movilizados
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado masivo de 117 internos considerados de alto perfil a cárceles de máxima y alta seguridad en el país. Entre los reubicados está Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien pasará de la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá al penal de Ibagué.
La decisión, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hace parte de las primeras medidas del nuevo Gobierno en materia penitenciaria y busca revisar condiciones calificadas como “privilegios” dentro de los centros de reclusión.
El caso de Epa Colombia
Barrera Rojas cumple una condena de 5 años y 3 meses de prisión por hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019. Fue condenada por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte colectivo, tras la vandalización de una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá.
La creadora de contenido permaneció inicialmente en la cárcel El Buen Pastor. En agosto de 2025 su defensa logró trasladarla a la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde continuó su condena. Ahora deberá cumplirla en un centro carcelario tradicional.
La medida incluye el movimiento de 14 cabecillas de organizaciones criminales que permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí. Según el Gobierno, entre los grupos mencionados están la Oficina de Envigado, La Terraza y El Mesa.
El Inpec firmó la resolución que autoriza los traslados. Las autoridades indicaron que varios de estos internos participaron en el denominado “Tarimazo” en Medellín y eran señalados de mantener coordinación con estructuras externas desde prisión.
117 internos a 8 penales de máxima seguridad
Como parte de la estrategia “Patria Milagro” en su componente carcelario, los 117 reclusos fueron distribuidos en penales de máxima y alta seguridad en:
– El Barne
– Ibagué
– Palmira
– La Dorada
– Valledupar
– Girón
– Medellín
– Bogotá
El objetivo, según el Gobierno, es elevar los controles de seguridad, evitar que los reclusos mantengan coordinación con grupos armados y eliminar tratos especiales o comodidades que no correspondan al régimen penitenciario.
Nueva línea del Gobierno
Desde el proceso de empalme se impartieron instrucciones para revisar las condiciones de reclusión de personas consideradas “internas especiales”.
Con estos traslados, la administración De La Espriella pone en el centro del debate la gestión de los centros de reclusión, los criterios para asignar lugares de detención y la necesidad de garantizar condiciones similares para todos los privados de la libertad.
Las autoridades ahora deberán ejecutar las resoluciones y garantizar que los movimientos se realicen bajo los procedimientos establecidos. Para el Ejecutivo, esta es la primera fase de una política penitenciaria orientada a fortalecer el control institucional sobre las cárceles colombianas.
