Según la Revista SEMANA, el documento de 135 páginas entregado a las autoridades señala contratos millonarios, movimientos de última hora y fallas en sectores como salud, defensa, energía y tierras
Bogotá, 19 de agosto de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades El libro de la verdad, un documento de 135 páginas en el que se denuncian presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidos durante el gobierno de Gustavo Petro.
De La Espriella aclaró que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas”, y aseguró que la tarea de establecer responsabilidades corresponde a los entes de control.
Según el Gobierno, se recibieron 126 casos de comportamientos “que pusieron en riesgo la estabilidad de la función pública”, de los cuales se priorizaron 59. El informe identifica 9 comportamientos críticos, entre ellos “destrucción del rigor técnico, opacidad de la información pública, captura contractual, parálisis operativa y pérdida del control territorial frente a economías criminales”.
23 casos bajo la lupa
El Equipo Élite Anticorrupción identificó 23 casos de presunta corrupción que involucran a entidades como Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la ANT, la UNP, Fontur, Codaltec, la SAE, Canal Trece, ICBF, FonIgualdad, Cancillería y la ADR.
Estos son algunos de los hallazgos más relevantes, revelados Semana:
Tierras
El sector concentra tres casos. El más grave señala que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó cerca de 1 billón de pesos para adquirir 537 predios de la SAE, pero solo tres habían sido titulados. Por esto se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria.
También se cuestiona un convenio de hasta 17.003 millones de pesos entre la ANT y Canal Trece para eventos de la reforma agraria, que habría sido subcontratado en su totalidad.
Defensa
El ministro Jorge Eduardo Mora López denunció que recibió “una Fuerza Pública con las alas cortadas”. El Ejército tiene un déficit de 14 billones de pesos; solo 8 de 19 helicópteros MI-17 operan y 18 de 49 UH-60 están fuera de servicio. En la Fuerza Aeroespacial, 131 de 386 aeronaves no están operacionales.
Adicionalmente se señalan dudas en el contrato del Escudo Nacional Antidrones por más de 6,3 billones de pesos y un contrato de Codaltec por 60.300 millones con discrepancias en costos.
Salud
La ministra Ana María Vesga aseguró que recibió el sistema en crisis. La cartera neta de las IPS frente a las EPS pasó de 15,24 a 40,20 billones entre 2022 y junio de 2026. Se destaca un acuerdo marco de medicamentos por 3 billones con presuntas irregularidades y el caso del Hospital San Juan de Dios, que con 39 funcionarios y una nómina de 343 millones mensuales proyectaba vincular 1.686 personas sin atender pacientes.
Minas y Energía
Colombia pasó de un superávit de energía firme de 2% en 2022 a un déficit de 4,4% en 2026. Se cuestiona en Cenit un contrato de 23.663 millones otorgado a una sociedad con capital de 117 millones. En Fenoge se suspendió al director por cambios en un proceso de 165.492 millones.
Otros sectores
– Cancillería: Déficit de 168.425 millones en el Fondo Rotatorio y apertura de sede consular en Monterrey sin atención al público.
– Transporte: De 12,13 billones disponibles en 2025 solo se ejecutaron 4,52 billones. En Caminos Comunitarios para la Paz, 6 convenios en Antioquia por 2.289 millones tenían 100% de ejecución presupuestal y 0% de avance físico.
– Ciencia: De 407 proyectos con regalías radicados en 2026, solo 1 fue aprobado. Se denunció una sesión del OCAD del 6 de agosto para definir proyectos por 900.000 millones.
– Vivienda: Planta desalinizadora de Essmar en Santa Marta por 786.000 millones con dudas en estudios previos.
– TIC: Proceso de ciberseguridad por 300.000 millones registrado en Secop II con presupuesto de cero pesos.
– Interior: Proceso de la UNP por 78.000 millones para cubrir solo 2 de 10 zonas del país.
– Justicia: 48 contratos de la Agencia de Defensa Jurídica por más de 4.000 millones y obras carcelarias suspendidas con detrimento de 82.700 millones.
Obstáculos en el acceso a la información
El presidente De La Espriella señaló que hubo “obstáculos impuestos por el gobierno saliente” para acceder a información. Por ello, los datos se obtuvieron de fuentes públicas como Secop, derechos de petición e información entregada por funcionarios.
El Gobierno remitió los casos a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para las investigaciones correspondientes.
