Lucy Laborde asegura que fue trasladada a Barranquilla en condiciones adversas tras negarse a cambiar la imputación. La Fiscalía no se ha pronunciado
La exfiscal Lucy Laborde, quien estuvo a cargo del proceso contra Nicolás Petro Burgos, denunció que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le pidió retirar el delito de lavado de activos de la imputación contra el hijo del presidente Gustavo Petro y dejar únicamente el de enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue hecha por Laborde en entrevista con la revista Semana, donde aseguró que tras negarse a acatar la instrucción fue apartada de su familia y trasladada a Barranquilla en condiciones laborales adversas.
«¿Por qué no le quita el lavado de activos?»
Según el relato de Laborde, la reunión clave ocurrió en el despacho de la fiscal general y contó con la presencia de la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la entonces directora de lavado de activos, Alexandra Ladino.
«La señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?’. Y le dije: ‘Sí hay’», relató Laborde. Y agregó que, tras su respuesta, Camargo le propuso: “¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”.
La exfiscal afirmó que en esa conversación también se habló de la pena. “Estamos hablando de Nicolás Petro y me dice: ‘Pues déjele solo el enriquecimiento ilícito y póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar y ya’”.
Laborde defendió su decisión de mantener ambos delitos. Explicó que, a su juicio, Nicolás Petro recibió dineros ilícitos que no correspondían a su salario como diputado del Atlántico y que incurrió en “negocios jurídicos como comprar casas, comprar vehículos para ponerlos a nombre de otros y así ocultar esos dineros”.
Como ejemplo citó: “Una casa la puso a nombre del tío de Daisuris, la otra todavía se encuentra a nombre del constructor y un Mercedes-Benz está a nombre de una amiga de Daisuris”. “El verbo rector del lavado de activos es dar apariencia de legalidad”, sostuvo.
Traslado y falta de apoyo
La exfiscal aseguró que su negativa trajo consecuencias. “Fui apartada de mi familia, me trasladaron a Barranquilla en condiciones adversas, porque laboralmente no tuve el apoyo que debía haber tenido de mis superiores. No tenía oficina, la compartía con otra fiscal”, dijo.
También denunció falta de recursos: “No tenía asistente, no tenía ni siquiera una impresora”. Al preguntarle si eso era una presión, respondió: “Sí. Es una presión”.
Laborde responsabilizó directamente a la cúpula de la Fiscalía. “Sí, la fiscal y sus subalternos”, dijo al ser consultada sobre quién estaba detrás. “La señora fiscal general”.
Advirtió además que entregó el caso al nuevo fiscal “sin asistente, sin investigadores” y calificó esa situación como “lo más lesivo para ese proceso”.
Sobre si fue apartada por no ceder, afirmó: “No hice caso”. Y agregó: “Sí, pues ya no era la persona indicada para llevar ese proceso, muy probablemente”.
Laborde indicó que tuvo a su cargo “el proceso matriz y varios radicados contra aproximadamente 18 personas”. Señaló que la investigación inició tras el trabajo del fiscal Mario Burgos y del Grupo de Tareas Especiales, que dejó “aproximadamente 3.400.000 evidencias”.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la Nación no se había pronunciado sobre las denuncias de la exfiscal.
Nicolás Petro Burgos enfrenta un proceso judicial por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con el ingreso de dineros a su campaña y a su patrimonio.
