El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno respetará las decisiones judiciales, pero que las controvertirá por vía jurídica cuando considere que afectan sus competencias constitucionales para mantener el orden público
El pronunciamiento lo hizo en su alocución de este domingo, en medio de lo que en su entorno han denominado una “guerra judicial” por varios fallos que han frenado decisiones de su administración en materia de seguridad.
Según el Ejecutivo, son tres frentes judiciales:
1. Bombardeos: Cuatro fallos, algunos con medidas provisionales, que buscan frenar operaciones aéreas en las que haya presencia de menores de edad.
2. Presentación de resultados: Un dictamen que pretende evitar que se muestren los cadáveres embolsados de criminales abatidos.
3. Aspersión aérea: Un juez de Puerto Asís suspendió los efectos de la resolución que fijaba un plan piloto para reiniciar la aspersión de cultivos de coca con glufosinato de amonio.
La posición del presidente
De La Espriella dijo que su Gobierno ha sido enfático en el respeto a la separación de poderes.
“Las decisiones judiciales se respetan. Pero respetar no significa renunciar a controvertirlas, especialmente cuando considero que unas medidas riñen con las competencias del presidente de la República”, afirmó.
El mandatario sostuvo que es de su resorte dirigir la Fuerza Pública y las operaciones militares, y se refirió a los riesgos de las restricciones a los bombardeos:
“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado. Eso produciría un incentivo perverso, premiaría precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario reclutando niños. La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado. Nuestra respuesta tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos”.
Sobre la fumigación, señaló:
“Frente a la fumigación, a la aspersión aérea, cualquier decisión de este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho deba hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda. Pero cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”.
Finalmente, anunció la estrategia jurídica del Gobierno:
“He dado instrucciones para que la Defensa Jurídica del Estado actúe con firmeza. No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno. Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó. Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad”.
Y concluyó: “Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles; tenemos que hacer ambas cosas. Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos”.
