JUZGADO DE BOGOTÁ AUTORIZA REANUDAR BOMBARDEOS MILITARES BAJO NUEVAS CONDICIONES PARA PROTEGER A MENORES RECLUTADOS

Nacional

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá negó la prohibición total de operaciones aéreas ofensivas y, en cambio, ordenó aplicar un protocolo reforzado de protección cuando se tenga información verificable sobre presencia de niños y adolescentes

Este miércoles 16 de septiembre, el despacho resolvió la tutela que había interpuesto el abogado Ower Jimmy Borda Parra tras la muerte de tres adolescentes en un bombardeo en Guaviare. En ella solicitaba suspender de manera absoluta los bombardeos en zonas donde se confirmara la presencia de menores reclutados.

El juez no accedió a esa pretensión. En la sentencia, ya notificada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar, se aclara que establecer una veda general a los bombardeos excedería el balance constitucional y afectaría el deber del Estado de proteger a la población.

El fallo, sin embargo, marca límites claros:

1. Los menores no son objetivo militar por estar en un campamento. La decisión ordena que la sola presencia de un menor en una estructura armada ilegal o su vinculación material con el grupo no permite presumir automáticamente que es un blanco legítimo. Cada caso debe valorarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario y teniendo en cuenta su condición de víctima por reclutamiento.

2. Estándar reforzado de precaución. Cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes, las Fuerzas Militares deberán intensificar la verificación de inteligencia, agotar alternativas operacionales menos lesivas y hacer un juicio concreto de proporcionalidad antes de ordenar el ataque.

La tutela concluye así con nuevas obligaciones para la planeación de operaciones, sin llegar a la prohibición absoluta.

La determinación del juzgado de Bogotá se conoció el mismo día en que otro juez, en Cúcuta, ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Defensa suspender los bombardeos si se comprueba la presencia de menores de edad, en una decisión de sentido contrario que abre un choque de criterios judiciales frente al mismo tema.