Bogotá. El Ministerio del Trabajo abrió a comentarios ciudadanos un paquete de ocho borradores que pretenden tumbar o ajustar parte de la reglamentación laboral expedida durante la administración de Gustavo Petro. La consulta estará disponible hasta el 9 de noviembre de 2026
Según la cartera que dirige Natalia López Fuentes, la revisión no toca la reforma laboral aprobada por el Congreso, la Ley 2466 de 2025, sino que busca depurar normas que, a su juicio, se pasaron de lo que el Ejecutivo puede reglamentar.
El Ministerio asegura que encontró sanciones que multiplicaban hasta por 50 los topes previstos en la ley, inspectores con poderes que son propios de los jueces, artículos con numeración repetida y disposiciones que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado y volvieron a aparecer en decretos nuevos.
“Ordenar la regulación no es quitar derechos, es darles una base que nadie pueda tumbar”, es el argumento central de la entidad para defender la iniciativa.
Qué se quiere cambiar
1. Tercerización: Se propone eliminar el Decreto 581. La prohibición de usar terceros para labores permanentes seguiría vigente, pero las multas se aplicarían según lo que dice la ley. Desde Acoset, su presidente Miguel Pérez García respaldó el ajuste y pidió una norma clara que diferencie la intermediación ilegal de la actividad legal de las temporales.
2. Pactos colectivos: Se busca derogar el Decreto 992 de 2026. Los pactos volverían a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo. Seguiría prohibido firmarlos si el sindicato agrupa a más de un tercio de la planta, pero se quitaría la exigencia de demostrar negociación efectiva y de avisar previamente al sindicato.
3. Inspectores: El Decreto 720 sería redefinido. Los funcionarios podrían actuar ante un riesgo, pero con decisiones motivadas, temporales y revisables. El Gobierno dice que la norma actual les daba facultades judiciales y por eso ya tiene demandas.
4. Repartidores de apps: El cambio al Decreto 991 es uno de los más sensibles. La cotización a seguridad social se haría sobre el 40% del ingreso real, y no sobre un salario mínimo completo cuando el repartidor no lo alcanza. En 2026 ese mínimo es de $1.750.905. Además, la obligación solo sería exigible 12 meses después de que Salud confirme los ajustes tecnológicos. Alianza In, que agrupa a Rappi y DiDi, ya había pedido tumbar el decreto.
5. Acoso laboral: El Decreto 1040 se mantiene en lo esencial: prevención, atención a víctimas y protección de 6 meses por acoso sexual. Pero se eliminan presunciones y reglas de prueba que, según el Ministerio, solo puede crear una ley. La atención psicológica pasaría a las ARL.
6. Multas por despido: Se ajusta el Decreto 405 de 2025. Se mantienen las sanciones a empresas que despidan a víctimas de acoso sexual, pero la gravedad del hecho será criterio para fijar el monto.
7. Trabajo doméstico: La reforma al Decreto 993 plantea que las inspecciones se puedan hacer sin entrar a la casa, para cuidar la intimidad del hogar. El seguimiento quedaría en manos de la Mesa del Convenio 189 de la OIT.
8. Periodistas: El Decreto 660 sería adaptado a lo que dice la Ley 2466, sin crear obligaciones adicionales a las fijadas por el Congreso.
El pulso previo
Antes de publicar los borradores, el 1 de octubre se reunió de forma extraordinaria la Comisión de Concertación Salarial y Laboral. Allí se creó una subcomisión que el 13 de octubre se reunió con 12 organizaciones, entre ellas CUT, CGT, CTC, ANDI y Fenalco.
Las centrales recibieron observaciones hasta el 9 de octubre. El Comando Nacional Unitario había pedido no derogar ninguno de los nueve decretos reglamentarios, argumentando que fueron concertados y que cambiarlos afectaría la progresividad de los derechos. De esos nueve, el 234 de 2026, sobre negociación por niveles, no entró en este paquete.
El debate no es nuevo. En agosto, cuando el Ministerio tumbó 11 circulares del gobierno anterior, Fabio Arias, presidente de la CUT, habló de un “desmonte de derechos”, mientras Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, lo celebró como un paso hacia la seguridad jurídica.
Ahora la discusión se traslada a la ciudadanía: los ocho proyectos están publicados para comentarios hasta el 9 de noviembre.
