Bogotá – El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la Ley de Sometimiento, que quedó oficializada como la Ley 2640 y crea un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto en Colombia, sin reconocerles estatus político ni abrir negociaciones políticas con sus integrantes.
El mandatario firmó la iniciativa antes de que venciera el plazo, que iba hasta las 11:59 p. m. del miércoles 4 de noviembre. Previamente, los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara, Nicolás Barguil, habían firmado el texto tras aprobar un articulado idéntico que evitó la conciliación.
“Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos. ¡EL QUE DELINQUIÓ TIENE QUE PAGAR! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.
Así fue la aprobación
La Cámara aprobó el proyecto en su último debate con 95 votos a favor y 10 en contra. La plenaria acogió el articulado aprobado previamente por el Senado mediante una “votación espejo”, que permitió unificar el texto entre las dos cámaras.
Para lograrlo, los representantes reabrieron los artículos 2 y 25. Con esa decisión, el Congreso evitó enviar el proyecto a comisión de conciliación, un trámite que habría puesto en riesgo el cumplimiento del plazo para la sanción.
El Senado, por su parte, había dado luz verde con 57 votos a favor y 24 en contra. En ese debate fueron negadas las proposiciones de archivo y de eliminación de los artículos 1 al 29, salvo la del artículo 25.
El artículo 25, cuestionado por las reglas para el manejo de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), fue eliminado con 78 votos. El representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, señaló que con su supresión se retiró una disposición que permitía contratación directa y reservada con cargo a ese fondo.
Qué establece la nueva ley
La norma modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. Según el proyecto 433/26C – 296/26S, fija un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y seis años para los colaboradores.
Las rebajas de pena estarán condicionadas a una colaboración eficaz con la justicia y a la entrega de bienes obtenidos de manera ilícita. Se contemplan reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y de hasta el 30% para mandos. Las condenas deberán cumplirse en establecimientos del Inpec.
La iniciativa también prevé la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas, con el fin de vincular los incentivos judiciales con el aporte de información útil y con la reparación a las víctimas.
Henríquez aseguró que el Senado aprobó la norma “con plenas garantías democráticas” y precisó: “No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes”.
Barguil, por su parte, sostuvo que la ley busca “recuperar la autoridad, fortalecer la justicia” y asegurar que quienes hayan cometido delitos respondan ante la ley. Afirmó además que la aprobación marca el cierre de la política de ‘Paz Total’.
Otros puntos clave
El Senado aprobó con 65 votos el artículo 17, que incorpora la deforestación y la tala ilegal entre las conductas contempladas, junto con la minería ilegal, y precisa contenidos para programas de restauración ecológica.
Con 56 votos se avalaron dos artículos nuevos para dar garantías jurídicas a la fuerza pública. El texto también incluye medidas de transformación territorial para sustituir economías ilegales por actividades lícitas y prevenir la reconfiguración de grupos armados.
El artículo 13 define la transformación territorial integral como un mecanismo de articulación estatal en zonas afectadas por economías criminales. El artículo 19 crea programas de tránsito a la legalidad bajo la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con lineamientos de los ministerios de Trabajo y Educación, formación del Sena y enfoques étnico, territorial y de género.
Salamanca afirmó que 4 de sus 11 proposiciones fueron aceptadas y otras tres incorporadas parcialmente. Entre los cambios destacó la posibilidad de investigar a terceros mencionados por integrantes de grupos armados ilegales, sin esperar una condena contra quien entregue la información, y la limitación de la facultad reglamentaria del Gobierno a aspectos operativos y logísticos, para que el Ejecutivo no pueda crear requisitos, beneficios o causales adicionales.
Sin embargo, el congresista advirtió que quedan pendientes la definición de recursos y plazos para la reparación a las víctimas, así como salvaguardas frente a posibles presiones en los procesos de libertad condicional.
