La Corte Suprema de Justicia decidió dar el primer paso para verificar si dos exintegrantes del partido Comunes tuvieron algo que ver en el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Se trata de la exsenadora Sandra Ramírez y del exrepresentante Luis Alberto Albán Urbano, conocido en la guerra como ‘Marcos Calarcá’.
Por ahora no hay una investigación formal ni una imputación. Lo que abrió el alto tribunal es una indagación previa, es decir, una etapa inicial para establecer si hay méritos suficientes para avanzar o si, por el contrario, el caso se archiva.
¿Qué originó la indagación?
La actuación se abrió después de las declaraciones públicas de María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay.
El pasado 19 de octubre, en entrevista con Noticias Caracol, Tarazona aseguró que, según información que habría llegado a la Fiscalía, “la orden salió del Congreso” y recordó que en el Legislativo había exmilitantes de las Farc.
En esa misma intervención, la viuda mencionó a Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, y como hijo de crianza de Sandra Ramírez.
Según su versión, Marulanda estaría al frente de una mina ilegal en Vaupés o Guainía que pertenecería a alias ‘John 40’, de la Segunda Marquetalia, y esa información podría estar conectada con la planeación del asesinato.
Albán fue representante a la Cámara por Comunes y negociador de las Farc en La Habana. Ramírez fue senadora por ese mismo partido y conserva fuero ante la Corte por hechos de su periodo como congresista.
La JEP también pidió información
En paralelo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Corte Suprema que le informe si Sandra Ramírez aparece mencionada en las actuaciones por el magnicidio.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, a cargo de la magistrada Lily Rueda Guzmán, quiere saber si la exsenadora está incluida en la compulsa de copias que la Fiscalía envió el 21 de octubre de 2026 y si existe algún documento, diligencia o elemento que la relacione con el crimen, ocurrido en 2025.
La JEP aclaró que ese requerimiento no significa que ya le atribuya responsabilidad. Lo que busca es verificar si los señalamientos afectan los compromisos que Ramírez asumió cuando se acogió a la justicia transicional.
La Corte tiene tres días hábiles para responder.
Revisarán sus compromisos de 2017
La JEP también está revisando el régimen de condicionalidad de Ramírez, quien firmó el 4 de diciembre de 2017 el acta de compromiso para acceder a los beneficios del sistema.
Entre esas obligaciones están dejar las armas, aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y no volver a delinquir.
Además, la exsenadora tiene pendiente una versión voluntaria en el Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento de menores y otras violencias cometidas en las filas de las antiguas Farc.
