La iniciativa de la “Agenda ACOT” contempla 8 modificaciones a la Constitución y se tramitará con suma urgencia en un plazo de 15 días
Santiago, 18 de agosto de 2026. El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo. La iniciativa fue tramitada con discusión inmediata y deberá discutirse en un plazo de 15 días.
El proyecto forma parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, y contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental destinadas a reforzar las herramientas del Estado en prevención, persecución del delito y resguardo del orden público.
Nuevo estado de excepción de hasta 120 días
El eje central de la reforma es la creación de una nueva figura de estado de excepción. Según el texto, el presidente podrá decretarlo ante una “amenaza grave e inminente a la seguridad pública” o cuando esta se vea gravemente afectada.
Podrá extenderse por hasta 120 días y prorrogarse una vez por el mismo periodo. Para nuevas extensiones se requerirá la aprobación del Congreso.
Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarán bajo dependencia inmediata de un oficial general designado por el jefe de Estado. El Ejecutivo podrá además suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, e interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes.
Actualmente rige en el país un estado de excepción que se ha renovado de forma ininterrumpida desde 2022 en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío debido a episodios de violencia. Esa figura permite el despliegue de militares para el control del orden público.
La reforma también establece inhabilidades para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo. Estas se definirán mediante una ley de quórum calificado.
Entre las medidas se incluye la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, la prohibición durante 15 años de acceder a penas sustitutivas de privación de libertad y a beneficios penitenciarios, y la limitación al acceso a prestaciones financiadas con recursos públicos.
Asimismo, el proyecto le da rango constitucional a la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales, cuya regulación específica se definirá en una ley posterior.
El presidente quedará facultado para declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado. Para ello deberá contar con un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La declaración deberá ser votada en sesión secreta en el Senado y requerirá la aprobación de dos tercios del quórum.
A diferencia de países vecinos como Bolivia o Perú, Chile no es productor de droga, pero sí un país de destino y plataforma de distribución hacia Asia, Europa y Estados Unidos, debido a sus numerosos puertos.
En los últimos años, organizaciones criminales se han asentado en el país a través de diversos negocios ilegales, lo que se ha transformado en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
Con esta reforma, el Gobierno busca dotar al Estado de herramientas más amplias y de mayor duración para enfrentar el avance del crimen organizado, informó este martes la Agencia EFE.
