El presidente Abelardo de la Espriella formalizó este miércoles 9 de septiembre la revocatoria de los negociadores del Gobierno nacional en los procesos de diálogo con el ELN y con el Clan del Golfo, en una decisión que marca el fin de la política de Paz Total heredada de la administración de Gustavo Petro
La medida quedó consignada en dos actos administrativos: las Resoluciones 390 y 391 de 2026, expedidas por la Presidencia de la República.
Revocatoria en la mesa con el ELN
A través de la Resolución 391, el Gobierno revocó la designación de toda la delegación que participaba en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, instalada en Caracas en noviembre de 2022.
En la lista figuran Vera Grabe, quien actuaba como jefa de la delegación, y los representantes María José Pizarro, Iván Cepeda, Olga Liliana Silva, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.
Según los considerandos de la resolución, desde febrero de 2024 se presentó un deterioro progresivo de la confianza luego de que el ELN congelara unilateralmente las conversaciones. Pese a reuniones extraordinarias realizadas durante 2024 para intentar restablecer la interlocución, el Ejecutivo consideró que no existe un compromiso de paz «claro, sostenido y verificable» por parte del grupo armado.
Fin del espacio con el Clan del Golfo
Con la Resolución 390, se revocaron los nombramientos en el espacio de conversación sociojurídico con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC, conocido como Clan del Golfo.
Fueron dejados sin efecto los nombramientos de Álvaro Jiménez Millán, coordinador del equipo, así como de María Gaitán Valencia, Armando Custodio, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez. Este espacio había sido autorizado en julio de 2024 para explorar el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de estructuras criminales.
Sustento jurídico
Ambas resoluciones se fundamentan en el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, que otorga al Presidente la responsabilidad de conservar el orden público, y en la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 2272 de 2022, que regula la Paz Total.
Los documentos citan además la Sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional, según la cual el Presidente cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para definir cómo, cuándo y con quién establece diálogos de paz.
La decisión se alinea con la postura reiterada por el presidente De la Espriella, quien ha advertido que no habrá negociaciones con organizaciones criminales y que la única vía será el sometimiento a la justicia.
