Desde el 7 de agosto, el Ejecutivo dio por terminadas las mesas de negociación y espacios sociojurídicos creados en el gobierno anterior. Anunció que la única vía para beneficios judiciales será el abandono de actividades ilegales
El Gobierno nacional anunció el fin de nueve procesos de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal con grupos armados y estructuras de crimen de alto impacto. La medida rige desde el 7 de agosto de 2026 por orden del presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la Presidencia, la decisión implica un cambio en la estrategia oficial: no se mantendrán espacios de negociación con estructuras que continúen con actividades como violencia contra la población civil, narcotráfico y extorsión.
La nueva directriz plantea dos caminos para los integrantes de esas organizaciones: el sometimiento a la justicia o la confrontación con la fuerza pública dentro de los límites de la Constitución y la ley.
En su comunicación, la Casa de Nariño sostuvo que durante la administración de Gustavo Petro las estructuras incluidas en estos procesos ampliaron su presencia territorial y capacidad operativa, y aumentaron los ataques contra civiles, militares y policías mientras mantenían las mesas de negociación.
«Para el presidente De la Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia», señaló la Presidencia.
El vocero del Gobierno, Miller Soto, afirmó que el modelo de negociaciones con organizaciones que no suspendan actividades ilegales está agotado. Indicó que la prioridad será recuperar la autoridad institucional en las regiones y que el acceso a beneficios judiciales estará condicionado al abandono de la violencia.
¿Qué procesos se cerraron?
Según el Ejecutivo, entre las instancias terminadas están:
– La mesa con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
– Los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
– El proceso con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
– Los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
– Las conversaciones con organizaciones de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
Costo de los procesos
Uno de los argumentos presentados por el Gobierno es el costo. Según cifras citadas por la Presidencia, durante la gestión anterior se destinaron más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores de estos espacios.
Esa cifra, explicó Soto, no incluye gastos en esquemas de seguridad, viáticos, logística y funcionamiento de las zonas de ubicación temporal, también financiados con recursos públicos. Para el Gobierno, esa inversión no se reflejó en una reducción de las capacidades criminales ni en mejoras de seguridad en los territorios.
La Presidencia concluyó que su estrategia de paz estará basada en tres criterios: seguridad, aplicación de la justicia y desarticulación de las organizaciones que mantengan actividades criminales, con énfasis en la protección de la población civil y el respaldo a la fuerza pública.
