La Fiscalía General de la Nación decidió poner en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el expediente conocido como el “Pacto de Valledupar”, luego de que una denuncia señalara al expresidente Gustavo Petro por supuestos ofrecimientos a antiguos comandantes paramilitares
Según el ente investigador, el 31 de agosto se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y, ese mismo día, se ordenó enviar copias al órgano legislativo, que es el único competente para indagar a un jefe de Estado en ejercicio o retirado.
El origen del caso es una denuncia que sostiene que funcionarios del gobierno Petro habrían buscado a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que entregaran versiones contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, a cambio de beneficios judiciales y carcelarios.
La Fiscalía aclaró que la remisión no implica que los hechos estén comprobados ni que exista una responsabilidad establecida contra el exmandatario. Solo se trata del traslado formal para que la Comisión evalúe si hay mérito para abrir una investigación.
El escándalo se reactivó por los encuentros realizados el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, entre delegados del Gobierno y antiguos jefes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Freddy Rendón alias el Alemán y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.
De acuerdo con la denuncia, esas reuniones tenían como objetivo oficial avanzar en el cierre del proceso de Ralito y definir temas de verdad, reparación y reincorporación. Sin embargo, Mancuso denunció públicamente que en ese escenario se les habría pedido acusar a los tres dirigentes políticos para favorecer una campaña electoral.
En un video difundido en redes, el exjefe paramilitar aseguró: “Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.
En la polémica también aparece Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien dio detalles del encuentro a la revista Semana. Además, salió a la luz el documento denominado Declaración de Valledupar, en el que se dejaba constancia de que el Estado estudiaría mecanismos como la reubicación carcelaria, la extradición, las funciones de los gestores de paz y la acumulación jurídica de penas como incentivos para quienes se comprometieran con el cierre del proceso.
Petro rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ordenó presionar a nadie para declarar contra Uribe ni contra ningún otro dirigente. “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien”, señaló en su cuenta de X. El exmandatario añadió que en las reuniones estuvieron presentes funcionarios de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría.
Mancuso, por su parte, reconoció que Petro no le hizo la solicitud de forma directa y sostuvo que deben responder ante la justicia Rodríguez, el asesor Víctor de Currea Lugo y el propio expresidente.
En paralelo, el pasado 20 de octubre, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti, exministro del Interior y asistente al encuentro, para establecer si conocieron o participaron en el presunto plan.
