El exdirector encargado de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Tito Lorenzo Lovo Carretero, confirmó que supervisó dos contratos de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez en esa cartera por cerca de $41 millones
Jiménez es la joven que denunció en la revista Semana que recibió contratos del Estado —incluso en el Senado desde 2019— a cambio de presuntos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.
Según documentos conocidos por Infobae, los hechos ya están en manos de la Fiscalía y la Procuraduría.
Los dos contratos
De acuerdo con la entrevista que dio Lovo Carretero a El Tiempo, el primer contrato se firmó el 29 de agosto de 2025 por $11.000.000 para apoyar la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El segundo fue el 21 de enero de 2026 por $30.000.000 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El exfuncionario confirmó que fue el supervisor de las dos Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). Detalló que el de 2025 pagaba $2.534.395 mensuales por cuatro meses y medio, y el de 2026, $2.648.443 mensuales por once meses y medio.
Ambos fueron por contratación directa para tareas de archivo, digitación, apoyo documental y asistencia a la gestión. En los soportes aparece que Jiménez llegó con título de bachiller académico y experiencia en el sector audiovisual independiente.
En los documentos, la contratación se justificó por “insuficiencia de personal para el cumplimiento de los objetivos”.
Un documento firmado por el supervisor señala que era necesario “contratar personal de apoyo a la gestión para que preste sus servicios apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Lovo explicó a El Tiempo que la dependencia solo tenía entre seis y siete funcionarios de planta y que por eso debían contratar a más de cien personas por OPS.
“Con respecto a la contratación de profesionales y/o personas de apoyo a la gestión, se justifica en insuficiencia de personal de planta para cumplir con todas las funciones de la Subdirección”, dijo.
Sobre si hubo una recomendación para vincularla, respondió: “No tengo conocimiento específico”. Y agregó que “la vinculación de contratistas es una decisión de la alta dirección y allá es donde se decide por qué dependencia se vinculan”.
El 25 de octubre de 2026, tras conocerse las declaraciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella informó, a través del MinInterior, que activó una ruta de seguridad junto a la UNP para Jiménez.
“La protección de la vida no admite dilaciones”, indicó la cartera, por instrucción del presidente.
Añadió que ninguna persona debe enfrentar amenazas o represalias por entregar un testimonio.
Lo que dijo Deicy
En Semana, Jiménez habló de presunto “abuso y control de poder”:
“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro, que prácticamente usaba mujeres jóvenes para sus beneficios propios personales a cambio de contratos. Cuando las mujeres aceptaban acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones y a cambio les da contratos, pues es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen. Son bastantes mujeres las que tienen por contratos y que lo acompañan”, dijo.
