El activista judicial Yeferson Daniel Páez Mancera presentó una denuncia penal contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento, en relación con el manejo de pruebas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La acción, radicada el 29 de septiembre de 2026 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y conocida por Infobae Colombia, pide abrir una investigación preliminar para establecer por qué la Fiscalía no compulsó copias sobre una serie de conversaciones que ya estaban en el expediente y que involucrarían al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.
Según la denuncia, el material proviene de extracciones realizadas por la propia Fiscalía a los teléfonos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd. Las publicaciones de la revista Cambio de septiembre de 2026 reconstruyeron esas conversaciones.
El documento cita chats del 9 de enero de 2024. A las 2:27 p.m., Pinilla le escribió a su pareja que tenía que “entregar” y luego envió el signo “$”. A las 5:35 p.m., López le pidió a Fernández que le recordara el número del apartamento. Entre las 5:47 y las 5:48 p.m., Fernández respondió con la ubicación: primer piso, “la señora Sol”, torre 2, apartamento 112. López habría reenviado esos datos a Pinilla desde dos líneas distintas.
La denuncia afirma que el inmueble pertenecía a la abogada Irma Solangel Torres, hoy conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y que la entrega de dinero se habría producido entre las 5:50 p.m. y las 5:59 p.m.
Páez sostiene que, pese a que ese material estaba a disposición del ente investigador, la Fiscalía no abrió indagación ni compulsó copias contra Fernández, quien por su fuero debía ser investigado por la Comisión de Acusación.
El escrito también recuerda que, en entrevista con El Espectador el 24 de septiembre de 2025, Camargo calificó esas comunicaciones como “descontextualizadas” y dijo no encontrar elementos suficientes para compulsar copias.
La denuncia cuestiona además el argumento de la Fiscalía de que la extracción controlada de información, realizada a partir de una matriz de colaboración con 27 nombres y explicada por la fiscal delegada María Cristina Patiño, limitaba el uso de contenidos no incluidos en el acuerdo. El denunciante afirma que el ente investigador tenía control sobre las condiciones del procedimiento y que no debían omitirse elementos sobre un posible tercero aforado.
Como contexto adicional, el documento menciona que Fernández habría sido determinante en la elección de Camargo como fiscal general, y cita un escrito del hoy representante Daniel Briceño del 17 de julio de 2025 sobre una recusación de Sandra Ortiz contra la fiscal, relacionada con comunicaciones con Fernández.
En sus peticiones, Páez solicitó a la Comisión oficiar a la Fiscalía para obtener el expediente completo del caso Ungrd, citar a declarar a la fiscal María Cristina Patiño y requerir a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia las comunicaciones e informes relacionados.
Finalmente, pidió iniciar la investigación preliminar y, de hallar mérito probatorio, formular pliego de cargos ante el Senado, conforme al procedimiento constitucional.
