Auditoría del Ministerio de Educación revela fallas graves en el manejo del PAE entre 2022 y 2026
Bogotá- El Ministerio de Educación Nacional reveló los resultados de una auditoría interna a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), que evidenció presuntas irregularidades en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según la cartera, los hallazgos ya fueron trasladados a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes.
“Los recursos de los niños son sagrados”
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, afirmó que los recursos destinados a la alimentación escolar deben manejarse con criterios técnicos y controles estrictos, por su impacto en la permanencia de los estudiantes en las aulas.
“Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles”, señaló.
Seis hallazgos principales
La revisión identificó seis situaciones que comprometerían el funcionamiento administrativo y operativo de la entidad:
1. Reparto de recursos sin criterio técnico: En mesas de trabajo con la Contraloría General se encontró que la administración anterior hizo asignaciones presupuestales sin una metodología que justificara los criterios utilizados. Eso habría afectado la trazabilidad de los recursos entregados a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
2. Sobrecostos en territorios: Se detectaron sobrecostos estimados en varias ETC, que deberán ser objeto de seguimiento por su impacto en la eficiencia del presupuesto y en la atención a los beneficiarios.
3. Sistema tecnológico que no funcionaba: El Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (Sipae), contratado con Colombia Digital, fue recibido sin estar en funcionamiento. Además, después de la firma del contrato se definieron cinco criterios de asignación incompatibles con lo pactado, lo que dejó a la UApA sin una herramienta útil para administrar y hacer seguimiento al programa.
4. Contratistas que nunca se presentaron: En 2026, la contratación por prestación de servicios aumentó más del 100% frente a vigencias anteriores. Al revisar la supervisión, se encontraron personas vinculadas que nunca asistieron a las instalaciones de la entidad y casos sin soportes que demostraran la ejecución de actividades.
5. Presunto proselitismo político: La auditoría reportó presuntas actividades de proselitismo por parte de contratistas del equipo territorial en diferentes regiones del país.
6. Fallas en supervisión y alertas: También se encontraron deficiencias en la verificación de la entrega efectiva de alimentos en las instituciones educativas y en el seguimiento a las quejas ciudadanas sobre la operación del PAE.
Las medidas que anunció el Gobierno
Frente a los hallazgos, el Ministerio anunció varias acciones correctivas:
– Revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales hechas a las ETC.
– Mesas de trabajo con los organismos de control para construir una metodología transparente de distribución, basada en beneficiarios verificables, necesidades territoriales, comportamiento de las entidades y costos sustentados.
– Revisión gerencial del Sipae para definir entregables, responsables y pruebas que garanticen su funcionamiento.
– Depuración de la planta de contratistas y estructuración del equipo para 2027, con base en resultados y necesidades de la entidad.
– Suspensión de los contratos de las personas señaladas por presunto proselitismo y controles sobre las reuniones con comunidades en territorio.
– Medidas de austeridad que redujeron en 9% mensual los costos del espacio de operación de la UApA, lo que representa un ahorro cercano a 1.200 millones de pesos.
“Pese a las fallas heredadas, en este gobierno asumimos el compromiso de poner el Ministerio de Educación en orden, actuar con transparencia y proteger los recursos públicos. La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian”, concluyó la ministra.
