Washington – Un análisis del Miranda Center for Democracy, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, señala que la postura diplomática del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, ayudó a disminuir la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024
El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy, no presenta una acusación judicial ni una posición oficial del Gobierno estadounidense. Se trata de una investigación que evalúa el impacto de varias decisiones tomadas por Bogotá en los días posteriores a los comicios.
El contexto de la elección
Tras la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó la reelección de Maduro con el 51,2% de los votos, sin publicar las actas desagregadas por mesa que permitieran verificar el escrutinio.
La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, publicó copias de actas con un resultado diferente y denunció irregularidades en el proceso. Por su parte, el Centro Carter concluyó que la elección no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por falta de transparencia en la divulgación de resultados.
Los tres momentos que cuestiona el informe
El centro de análisis destaca tres hechos clave:
1. La demora en pronunciarse: Según el informe, Petro tardó cerca de 55 horas en emitir su primer pronunciamiento público sobre el proceso, mientras gobiernos como los de Brasil y Chile ya pedían la publicación de los resultados detallados.
2. La abstención en la OEA: El 31 de julio de 2024, Colombia se abstuvo en una votación en la Organización de los Estados Americanos sobre una resolución que exigía a Caracas publicar de inmediato los resultados desagregados. La iniciativa obtuvo 17 votos y quedó a uno de los 18 necesarios para ser aprobada.
Para los autores, esa abstención, junto a la de otros países, impidió que se aprobara el texto y redujo la presión regional sobre Maduro.
3. La mediación trilateral: Después de la votación, Colombia, Brasil y México impulsaron una posición conjunta que pidió transparencia y verificación, pero con énfasis en el diálogo político. El informe interpreta que ese cambio de tono desplazó la exigencia inmediata de mostrar las actas.
El documento describe ese patrón como un “blanqueo” institucional, es decir, un conjunto de decisiones que, a su juicio, atenuaron el aislamiento internacional del gobierno venezolano. Aclara, además, que su conclusión se basa en el efecto de esas acciones y no en la demostración de un acuerdo deliberado entre Petro y Maduro.
Las razones que atribuye a Bogotá
El Miranda Center atribuye la postura colombiana a tres factores:
– Afinidad política: Señala la cercanía ideológica con el chavismo y la crítica constante de Petro a las sanciones de Estados Unidos como causa de la crisis venezolana.
– Intereses energéticos: Menciona los acercamientos entre Ecopetrol y PDVSA, así como el interés de Colombia en una posible importación de gas venezolano, lo que habría incentivado mantener una relación bilateral estable.- La Paz Total: Venezuela actuó como país garante en las negociaciones con el ELN y ha sido señalada como zona de presencia de grupos armados colombianos. Para los autores, un choque diplomático con Caracas podría haber afectado esos contactos.
El informe reabre el debate sobre la respuesta de la región frente a la elección venezolana de 2024 y sobre el peso que tuvo la diplomacia colombiana en ese momento.
