Gustavo Petro, firmó este miércoles un polémico decreto de consulta popular criticado por la oposición y cuestionado por juristas y otras organizaciones porque, según ellos, «erosiona la separación de poderes»
El decreto irá ahora a la Corte Constitucional, órgano que determinará si es procedente.
La firma de Gustavo Petro se produce tras una tensa semana en Colombia, dominada por la polarización política a menos de un año de nuevas elecciones y en la que se produjo el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras recibir varios impactos de bala el pasado sábado.
En mayo, el Congreso votó en contra de la propuesta original de consulta popular de Petro, surgida, principalmente, por el rechazo del mandatario a algunos puntos de la reforma laboral que se debate en el Senado.
Petro, alegando irregularidades, había considerado que la decisión del Senado sobre la consulta popular no era válida y que, por tanto, sí podía decretarla.
Juristas y especialistas consideran que no es decisión del mandatario actuar sobre una votación del Senado y que eso corresponde a la justicia.
El apodado «decretazo» supone el capítulo más grave en la prolongada confrontación que sostienen Petro y el Congreso prácticamente desde el inicio de su mandato en agosto de 2022.
Con este nuevo episodio, Colombia se encuentra nuevamente en un punto de inflexión política. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto, mientras que las fuerzas políticas se preparan para una confrontación que podría definir el rumbo institucional del país. La consulta popular, lejos de ser un mecanismo neutro de participación, se ha convertido en un símbolo de fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo se incrementa la polarización, la inseguridad y la tensión institucional, en un momento donde se esperaba diálogo, consensos y respuestas ante los verdaderos problemas nacionales.
