El decreto autoriza al Ejecutivo a expedir normas con fuerza de ley para enfrentar presiones fiscales, sociales y presupuestales, las cuales estarán sujetas al control posterior de la Corte Constitucional
Finamente, el Gobierno Nacional publicó el decreto en el que declara emergencia económica y social en el país por 30 días, ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
A través del decreto 1390 de 2025, Gustavo Petro declara emergencia económica en todo el territorio nacional, bajo el argumento de la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3 billones”, lo cual representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”.
Se espera que el Gobierno expida los decretos de nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir la implementación del 5×1000, a creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos y algunos alimentos ultraprocesados, y la extracción de combustibles fósiles.
Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de este decreto y sobre qué va a hacer la Corte Constitucional frente a esta emergencia económica y social y lo que podría traer para el país.
En el decreto, el Gobierno sostiene que la Nación atraviesa una crisis que supera los márgenes normales de manejo fiscal. En uno de los apartados centrales del documento se advierte que el Estado se encuentra en “incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, como consecuencia de una situación fiscal que “adquirió el carácter de grave”.
