El Decreto 0765 de julio de 2026 faculta a la ANT para inscribir predios con promesa de compraventa y tomar posesión inmediata, según la dirigente
Bogotá. La excandidata presidencial Paloma Valencia denunció este jueves 23 de julio que el Gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto que, a su juicio, “pone en riesgo la propiedad privada en Colombia” a 16 días de que termine el mandato presidencial.
Se trata del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, firmado por el Ministerio de Agricultura, “por el cual se adicionan los decretos 1071 de 2015, 1069 de 2015 y 1068 de 2015” en lo relacionado con el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras – ANT para fines de reforma agraria, en el marco del Artículo 31 de la Ley 160 de 1994.
Para Valencia, el documento “excede de forma peligrosa las facultades de la ley”.
Según la dirigente del Centro Democrático, el decreto le permite a la ANT tres acciones que modifican el régimen vigente:
1. Cancelar gravámenes sobre predios.
2. Tomar “posesión inmediata” de predios en el papel, sin entrega física.
3. Producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa.
“Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, escribió Valencia en su cuenta de X.
Qué establece el decreto sobre el registro
El texto oficial ordena que la Superintendencia de Notariado y Registro cree antes del 25 de julio de 2026 un código registral especial.
Este código será, según el decreto, “de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación de dominio”, para identificar predios de utilidad pública con fines de reforma agraria y de administración anticipada que ejerza la ANT.
La ANT podrá solicitar la inscripción de ese código en predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los que tenga promesa de compraventa y acta de entrega. La solicitud se hará ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o ante el registrador, “a preferencia”.
“Lo hicieron a toda velocidad”, dice Valencia
La excandidata cuestionó también el trámite. Afirmó que el Gobierno abrió comentarios del proyecto en el portal SUCOP solo entre el 2 y el 8 de julio y firmó el decreto el 15 de julio “con ministros encargados”.
“Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”, advirtió.
Valencia anticipó el debate político que se vendrá: “Cuando ese ‘desastre’ ocurra, vendrá el libreto de siempre. Dirán que ‘les quitaron la tierra a los campesinos’. No. Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución. La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno Nacional y la ANT no se habían pronunciado sobre las denuncias.
