El demandante alega una “onegibilidad simultánea”, considerando que fue postulado para el cargo cuando aún era secretario del Senado
En el alto tribunal se interpuso un nuevo recurso judicial que buscaría dejar sin piso jurídico la escogencia del exsecretario del Senado en el cargo, de cara al periodo 2025-2029, como sucesor de la actual jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco
En primer lugar, se solicita la nulidad del acto administrativo que resultó en su elección, argumentando que este procedimiento fue irregular y no se ajustó a lo establecido en la ley. Los demandantes exigen que se declare inválido el acto de elección realizado en la plenaria del Senado.
En consecuencia, de esta nulidad, la segunda pretensión insta al Consejo de Estado a exhortar a la Presidencia de la República a que realice una nueva convocatoria y elabore un nuevo ternado. Además, se pide que el Senado vuelva a llevar a cabo las elecciones para el cargo de Procurador General para el periodo 2025-2028.
La petición, en efecto, se basa en lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, en su artículo 44, en el que se especifica un requisito fundamental para este caso. “Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”, se lee en el citado documento, reafirmado en el Concepto 153051 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública.
En sus pretensiones, además de que se declare la nulidad de la elección de Eljach Pacheco como procurador y sucesor de Margarita Cabello Blanco, también pide al Consejo de Estado que exhorte al primer mandatario a que lleve a cabo una nueva convocatoria en la que escoja a un nuevo candidato, para que participe en la elección que debe llevar a cabo el Senado. Y en la que resultaron derrotados el exsenador Germán Varón Cotrino y el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
Esta demanda no solo cuestiona la validez del proceso electoral que llevó a la elección de Eljach, sino que también busca garantizar que se sigan los procedimientos adecuados para la selección del nuevo Procurador General, asegurando la transparencia y legitimidad del cargo.
