Eduardo Montealegre, uno de los defensores de la consulta popular por decreto, una iniciativa de Gustavo Petro que ha sido calificada de arbitraria y de golpe de Estado, por los principales partidos y líderes políticos del país, habría recibido jugos contratos por parte del gobierno.
Montealegre presentó el fin de semana las tesis jurídicas que respaldan que es posible realizar la consulta, pasándose por alto el Congreso.
Por su parte el concejal Daniel Briceño, en las últimas horas escribió en su cuenta de X: $1.788.856.667 es la suma que ha recibido Eduardo Montealegre por parte del gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata, denunció el concejal Briceño.
Los pagos se efectuaron en seis contratos por un valor de $1.712.000.000 por prestación de servicios que fueron firmados por medio de la empresa Economía Derecho y Sociedad S.A.S de la que el exfiscal es gerente.
Dos de los vínculos con el Estado son con la aseguradora Positiva que estuvo envuelta en la polémica por una presunta compra de puestos por parte de David Racero. Además, tiene cuatro contratos con Rtvc para “ayudar en temas personales a Hollman Morris”, explicó Briceño.
De hecho, mostró que hubo otros dos contratos firmados por la gerente suplente de la entidad, Claudia Patricia Ospina, que se adjudicó convenios por un valor superior a los $76 millones.
En rueda de prensa, el exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre confirmó que el primer mandatario convocará la consulta popular vía decreto.
De acuerdo con el ex alto funcionario, Petro se escuda en la votación del Senado en la que se hundió la consulta, puesto que, en su opinión, hubo varios vicios e irregularidades que invalidan la decisión.
