La determinación de la autoridad judicial se fundamenta en cuestiones de jurisdicción entre diferentes despachos, lo que originó el retiro de la audiencia y el relevo de la fiscal responsable del expediente
La oposición rechazó la determinación de la Fiscalía de tumbar la imputación al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presunto prevaricato por omisión de sus funciones en el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La decisión judicial duró pocas horas.
Al conocerse la determinación inicial, distintos sectores contrarios al gobierno destacaron la decisión de imputar a Rodríguez, pues recordaron la denuncia de la representación de la familia del senador asesinado. Supuestamente hubo más de 20 solicitudes de Miguel Uribe para que se reforzara su esquema y no fueron tenidas en cuenta.
La Fiscalía General de la Nación decidió retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el proceso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Por eso, cuando se tumbó la imputación, hubo duros señalamientos contra la fiscal Luz Adriana Camargo. “Muy extraño el reversazo de la Fiscalía General en la imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por su omisión en el deber de proteger la vida de Miguel Uribe Turbay. El país sigue esperando respuestas claras alrededor de este magnicidio”, declaró Daniel Palacios, exministro del Interior y candidato a la Presidencia.
En un hecho que llamó la atención, el ente acusador, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, decidió retroceder sobre la imputación de cargos por presunta omisión apenas cuatro horas después de haberla hecho oficial. La decisión se tomó luego de establecer que la fiscal que citó inicialmente a Rodríguez no tendría la competencia para adelantar ese procedimiento.
Durante esas horas, Rodríguez quien es considerado una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, se convirtió en el primer alto funcionario del Gobierno en quedar formalmente vinculado al caso del magnicidio, en donde la Fiscalía había señalado que debía responder por el delito de prevaricato por omisión, al no atender reiteradas alertas sobre la seguridad del dirigente de la oposición.
Según fuentes oficiales, la investigación debía estar en manos de un grupo especial designado directamente por la fiscal general, razón por la cual la imputación fue retirada para evitar errores de procedimiento. Por esto, en las próximas horas, la Fiscalía definirá si el proceso se retoma bajo la instancia competente o si se adoptan nuevas decisiones.
