La Procuraduría mantiene dos juicios disciplinarios y una indagación por conductas en su condición de ministro. Fiscalía lo indaga por campaña Petro
El gobierno de Gustavo Petro, quizá uno de los más polémicos de los últimos tiempos por cuenta de escándalos que involucraron casos de corrupción, nepotismo y exceso de burocracia, según denuncias de la oposición.
El ministro Jaramillo, una de las figuras más cercanas al presidente ha logrado permanecer en el Ejecutivo pese a críticas por presunto favorecimiento a familiares y amigos, así como por irregularidades en la administración de su cartera.
Los procesos disciplinarios y penales en curso rodean al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien enfrenta acusaciones de nepotismo, posibles omisiones administrativas y cuestionamientos por su participación en la campaña de Gustavo Petro.
Los señalamientos al ministro apuntan a contratos y cargos estatales adjudicados a familiares directos, junto con expedientes por la gestión del sistema de salud.
Actualmente los investigadores, investigadores disciplinarios y judiciales examinan la conducta de Guillermo Alfonso Jaramillo por supuestas asignaciones públicas otorgadas a su círculo familiar, presuntas deficiencias en la gestión ministerial y eventuales irregularidades vinculadas a la campaña presidencial Petro presidente 2022. Ningún proceso ha concluido en sanciones o sentencias firmes, pero el escrutinio se mantiene mientras se profundiza la crisis del sistema de salud colombiano.
Su conducta por nepotismo cobró fuerza a partir de una alerta pública lanzada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. Según la denuncia, familiares cercanos de Jaramillo habrían accedido a contratos y cargos estatales por más de $3.000 millones desde la llegada de Gustavo Petro al poder.
Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, se desempeña desde agosto de 2024 como director de ProColombia en el Reino Unido con un ingreso superior a $40 millones mensuales. También su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, con una remuneración acumulada próxima a $500 millones desde que asumió el puesto.
De otra parte, el hijastro del ministro, Sebastián Laverde Gómez, fue contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por cerca de $97 millones. Además, otras personas de su entorno familiar han recibido cargos o contratos en entidades como la Contraloría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante los últimos cuatro años.
De acuerdo a una recopilación adelantada por el diario El Tiempo, aparte de las acusaciones familiares, la Procuraduría General mantiene dos juicios disciplinarios y una indagación contra Jaramillo por su gestión al frente de la cartera de Salud.
En diciembre de 2024, el órgano de control llamó al ministro a un juicio disciplinario por presunta responsabilidad en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros.
Según la Procuraduría, la decisión de activar este modelo a partir del primero de mayo de 2024 se habría tomado sin asegurar condiciones suficientes para la prestación eficiente del servicio. Esto pudo haber vulnerado los principios de eficacia y economía en la función pública, según el órgano de control.
El expediente indica además que Jaramillo está señalado por no coordinar debidamente la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora, conductas consideradas graves según las pesquisas oficiales.
Además, el ministro es investigado por presunta omisión en la gestión del desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023, problemática advertida desde 2022 por asociaciones médicas, según indica una publicación del medio Infobae Colombia.
