La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la preocupante situación financiera y operativa de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud
Según lo señalado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se detectaron serios riesgos que amenazan tanto la sostenibilidad del sistema de salud como la continuidad en la prestación de servicios médicos en el país. La advertencia surge tras un seguimiento detallado de la gestión y los indicadores de las EPS intervenidas, evidenciando que dichas entidades persisten en graves condiciones críticas.
Según el organismo de control, la situación podría afectar aspectos relacionados con flujo de recursos, operación de la red hospitalaria y continuidad en la prestación de servicios médicos para millones de usuarios en el país.
La entidad indicó además que continuará realizando seguimiento a la administración de recursos públicos destinados al sistema de salud y a las acciones implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a las EPS intervenidas.
El pronunciamiento ocurre en un momento de discusión nacional sobre el funcionamiento del sistema de salud y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a varias EPS de cobertura nacional. En diferentes regiones continúan reportándose dificultades relacionadas con autorizaciones médicas, atención especializada y entrega de medicamentos.
De acuerdo con pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y reportes de instituciones médicas como la Liga Colombiana Contra el Cáncer, los retrasos en pagos y cartera acumulada han generado alertas sobre sostenibilidad financiera y continuidad de algunos servicios, especialmente en atención de enfermedades crónicas y tratamientos de alta complejidad.
El reporte de la Contraloría indica que, a pesar de las medidas adoptadas por la Superintendencia, las EPS intervenidas —entre las que se cuentan Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS— no muestran mejoras estructurales significativas. Por el contrario, mantienen o incluso agravan su deterioro financiero. Por ejemplo, para Nueva EPS, la Contraloría advirtió la ausencia de estados financieros certificados o dictaminados para los periodos 2024 y 2025, lo cual impide validar la información contable reportada. Adicionalmente, se identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes por legalizar.
El informe destaca también el aumento en el endeudamiento de estas entidades. Savia Salud, por ejemplo, vio cómo su indicador de endeudamiento se elevó de 4,41 a 11,73, y Famisanar pasó de 1,00 a 4,08, una cifra que la Contraloría considera crítica. En cuanto a Coosalud, se informó que los pasivos ascendieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. La situación patrimonial de Famisanar igualmente empeoró, registrando un patrimonio negativo que creció de $2,1 billones a $3,3 billones durante el periodo de intervención.
El reporte no sólo se centra en lo financiero, sino también en la atención a los usuarios y el cumplimiento de fallos judiciales. La Contraloría evidenció dificultades significativas en la entrega de medicamentos y en el cumplimiento de sentencias relacionadas con el derecho a la salud, particularmente fallos de tutela —un mecanismo judicial para proteger derechos fundamentales en Colombia—. Ninguna de las EPS intervenidas logró un cumplimiento total de tales fallos, siendo Emssanar la más rezagada, con apenas un 4,48% de cumplimiento.
Para el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, los resultados evidencian limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Supersalud. En este sentido, instó a la entidad a fortalecer las medidas correctivas y a justificar técnicamente la discrecionalidad en las intervenciones.
«La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud», concluyó Rodríguez.
